Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/06/18 00:00

¿Cómo será la arquitectura de la paz?

Silenciosamente, el Estado se ha venido preparando para el día después de la firma de la paz. Hay buenos planes pero la pregunta es si alcanzará la plata.

Uno de los principales mecanismos para poner en marcha los acuerdos serán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, en 15 subregiones afectadas por el conflicto armado y los cultivos de coca. Foto: Daniel Reina Romero y Guillermo Torres

Si todo se cumple como está en el papel, en 2027 este país será otro por cuenta del proceso de paz. Contrario a lo que muchos piensan, el Estado ha venido alistándose para implementar los acuerdos que surjan de La Habana. Y si el país logra hacer de ellos un propósito de Nación, significarán un cambio social sin precedentes, especialmente en el sector rural.

Para empezar, el gobierno ha definido que el posconflicto es en todo el país, pero habrá acciones y estrategias en zonas muy influenciadas por las Farc, en aproximadamente 100 municipios. Allí habrá cambios inmediatos y visibles desde ahora. El consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, ya tiene andando una Estrategia de Respuesta Rápida en las zonas con fuerte presencia de la guerrilla. Este plan no apunta a los problemas estructurales sino a los urgentes, y no puede considerarse aún parte de la implementación de los acuerdos, sino más bien como una acción de estabilización en regiones donde la guerrilla ha permanecido por muchos años. Esta estrategia cuenta con 26 proyectos, en cuatro áreas: atención socioeconómica, gobernabilidad, justicia transicional y justicia y seguridad. Toda la estrategia cuesta 1,3 billones y ya está financiada prácticamente en su totalidad.

El grueso de estas acciones rápidas (11 proyectos) tiene que ver con la atención socioeconómica de las poblaciones más pobres y afectadas por la guerra. Se destacan tres de ellas: la electrificación rural, que hace parte de los acuerdos de La Habana y que comienza en septiembre; la recuperación de 50 kilómetros de vías terciarias, a través de las juntas de acción comunal, y el despliegue de técnicos agropecuarios que apoyen a las familias campesinas más necesitadas.

Un segundo paquete son los proyectos de seguridad y justicia. Posiblemente, el principal es el desminado de 20 municipios que iniciará el gobierno con apoyo técnico de las ONG. Esto es lo urgente, porque en cinco años la idea es desminar 200 municipios, es decir, todo el país, un propósito que cuesta 300 millones de dólares. Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de justicia de los municipios y se hará un programa de justicia móvil. Esto es, un bus que viaja por las zonas rurales ofreciendo servicios de denuncia, conciliación y otros, en sitios donde no hay jueces, ni otro tipo de autoridad. Posiblemente la parte más novedosa de este paquete tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Está probado que luego de terminados los conflictos armados, la violencia doméstica se vuelve más visible y es lo que más se denuncia. Por eso, como parte de esta respuesta rápida, se capacitará a mujeres policías rurales para que atiendan estos casos en veredas y sectores muy apartados donde hasta ahora ha sido la guerrilla quien resuelve estos problemas.

Un tercer aspecto de la estrategia rápida tiene que ver con darle un empuje a la justicia transicional. Para fortalecer la confianza en el proceso de paz se avanzará en la reparación colectiva en 30 lugares afectados por las Farc, como Granada, en Antioquia, Carmen de Atrato, en Chocó, y El Tambo, en el Cauca. Así mismo, se acelerará la indemnización individual a 30.000 víctimas directas de esa guerrilla.

Finalmente, hay un eje de gobernabilidad y conflictividades, en el que se pretende apoyar a las alcaldías a prepararse para el posconflicto. Esto ya comenzó con un programa de practicantes universitarios de diferentes profesiones (Manos a la Paz) que han viajado a los territorios a contribuir a diseñar planes de desarrollo. Para 2017 se espera que 5.000 jóvenes viajen a las regiones. Adicionalmente, se están fortaleciendo las juntas de acción comunal que son la autoridad real en el país rural. La idea es que haya mayor destreza en la resolución de conflictos y que se preparen para hacer veeduría a la implementación de los acuerdos cuando estos se firmen y sean refrendados.

En alistamiento

Pero no todo es atención urgente. La puesta en marcha de los acuerdos de La Habana está exigiendo ajustes institucionales y la participación de todos los ministerios. Como se sabe, ya está creado un Comité del Posconflicto, que encabeza el presidente, y al que van todos los ministros. Allí hay tareas para todos, desde el Ministerio de Comercio Exterior, que tiene a su cargo la estrategia de comercialización para las familias campesinas, que está contemplado en el punto uno, hasta el Ministerio de Defensa, que debe asumir la seguridad en la zonas de las que salgan las Farc.

Se puede decir que esta parte más estructural tiene dos momentos. Uno, que se llama de alistamiento, en la práctica se hará en 2017. Allí ya hay identificadas 132 acciones o productos que emanan de los cuatro acuerdos logrados hasta ahora: agrario, participación, drogas y víctimas. Esto ya está en proceso de ser incluido en el proyecto de presupuesto de 2017. Aún no se sabe cuánto dinero es, pero está claro que casi todo es del presupuesto nacional y que consiste en reenfocar las asignaciones al objetivo del posconflicto. Para el largo plazo, se está cocinando un documento Conpes que debe consignar una visión de Colombia a diez años. Ese Conpes se materializará en contratos-plan, ahora llamados contratos-paz, en todos los departamentos del país. Es decir, que habrá colaboración entre los entes territoriales y el gobierno nacional.

Actualmente cada vez que se logra un acuerdo en La Habana, la oficina del Alto Comisionado para la Paz desglosa el texto en tareas y a quién le toca cada una. Van más de 320 hasta ahora y allí se han ido consignando, incluso, las leyes y decretos que hay que expedir para hacer realidad cada uno de los acuerdos. También se han empezado a hacer los ajustes institucionales del caso. Para hacer viable el Fondo de Tierras pactado en el punto uno, se creó la Agencia Nacional de Tierras que reemplazó al Incoder. Pero posiblemente la agencia más protagónica en todo el proceso será la recién creada Agencia de Renovación del Territorio, cuya directora es Mariana Escobar, que viene de ser subdirectora del DPS. Dado que el enfoque del posconflicto es territorial, esta se convertirá en la entidad clave para el éxito o fracaso de todos los acuerdos.

Tendrá a su cargo una de las principales estrategias de implementación de los acuerdos, como lo son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Ya en La Habana se hizo una primera discusión sobre ellos. El gobierno presentó 15 subregiones críticas donde se desplegarán acciones que tienen que ver con todos los acuerdos, lo agrario, pero también lo político y la justicia restaurativa. Estos programas son claves porque en su diseño, según cuenta Diego Bautista, asesor del alto comisionado en asuntos de paz territorial, tienen un enfoque de reconciliación, son altamente participativos, y su objetivo subyacente es reconstruir la confianza entre los ciudadanos, y de estos con el Estado. Es decir, no son solo proyectos de infraestructura, sino espacios para la reconstrucción del tejido social.

Por supuesto, implementar los acuerdos es una tarea enorme, de largo plazo y necesita más que agencias del gobierno. Por eso habrá incentivos fuertes para que la empresa privada sea otra pata de esta mesa. Serán de tres tipos: uno para que se instalen en territorios realmente críticos para el posconflicto; segundo, para que contraten a personas de esas regiones; y tercero, para que contribuyan con obras.

La pregunta de hierro es de dónde saldrá la plata para tantos buenos propósitos. Para empezar se creará el Fondo Colombia en Paz, de derecho privado y patrimonio autónomo. La mayor parte de este será seguramente alimentado por dineros oficiales y una parte menor por la cooperación internacional y los privados. Actualmente el panorama fiscal es muy oscuro, pero el posconflicto es a mediano y largo plazo y habrá que apostar por un mejoramiento de la economía para cumplir con los objetivos.

Más que medir en puntos del PIB el resultado de los acuerdos de paz, el propósito es medir lo que significarán en materia política y social. Todo está diseñado para que haya más Estado, una ciudadanía más fuerte, y que la economía legal le quite espacio a las ilegales. Esos tres pilares serían los rieles sobre los que se echará a andar una paz estable y duradera. Un objetivo difícil pero no imposible, siempre y cuando se convierta en un propósito de Nación, y no solo de un gobierno.

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