Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/02/24 14:44

La contrarreloj del Gobierno y las FARC para llegar al 23 de marzo

A 29 días de que se cumpla el plazo que fijaron las partes para firmar el acuerdo, no parece realista que se concrete lo que falta. ¿Por qué?

Los días están contados para que se venza el plazo y las partes tienen una agenda independiente que cumplir que sin duda retrasa la discusión.

El tiempo corre rápidamente en contra del Gobierno y las FARC. Faltan 29 días para que se cumpla el compromiso de firmar el acuerdo final, como prometieron en septiembre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de esta guerrilla, ‘Timochenko’, y las cuentas no cuadran.

Cuando se creía que los negociadores trabajarían sin descanso para evacuar los puntos pendientes de la agenda, la discusión se enredó. No sólo falta definir los temas de más calado político, sino que ahora las partes intentan recuperar la confianza que se perdió tras el episodio de proselitismo político que protagonizaron las FARC en Conejo, La Guajira, hace una semana.

Para los negociadores el 23 de marzo no es una camisa de fuerza, pero no cumplirlo sería un duro golpe para la opinión. De ahí que fuentes cercanas a la Mesa adviertan que si ese día no se firma el acuerdo final, se anuncie el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

“Si las partes por mutuo acuerdo consiguen anunciar, por ejemplo, el cese definitivo de hostilidades, la gente sabrá entender que eso tuvo sus dificultades. Que hay diferencias entre las partes, pero que el acuerdo se firmará. Aplaudirán la firma del cese como un avance hacia la firma de un acuerdo final”, le dijo a Semana.com el analista León Valencia.

Aunque hay asuntos que se han complicado y otros que se han demorado, uno de los escenarios que les queda a los negociadores es concretar los términos que pondrían en marcha la verificación del cese bilateral del fuego. Definirlo representaría un paso trascendental que marcaría el fin de la guerra con la guerrilla más vieja del continente. Más cuando los ojos del mundo, en especial del Consejo de Seguridad de la ONU, están encima de las partes para garantizarles a los colombianos que cumplan.

El cese al fuego significa parar los enfrentamientos entre las partes: comprometerse a no atacar a los militares. Pero un cese de hostilidades va más allá y requiere que se pongan por escrito y con detalle los actos que van a quedar prohibidos.

Por ejemplo, la guerrilla tendría que parar todas las acciones contra la población civil, inclusive los ataques a la infraestructura, las extorsiones, el reclutamiento y el narcotráfico. El Ejército tendría que parar bombardeos, pero también acciones ofensivas y, dependiendo del caso, también labores de propaganda contra la guerrilla e inteligencia.

Pero el Gobierno y las FARC no la tienen fácil. Los días están contados para que se venza el plazo y las partes tienen una agenda independiente que cumplir que sin duda retrasa la discusión. Por un lado, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo participarán de un foro de pedagogía que organiza la Presidencia: ¿Cómo construir paz en los territorios? Las FARC, mientras tanto, siguen en sus encuentros de socialización de los acuerdos alcanzados en La Habana, con las tropas.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre las limitaciones de tiempo fue el representante local de la ONU, Fabrizio Hochschild. Dijo este miércoles que el acuerdo de paz puede requerir “más tiempo” del que falta. Aunque no vaticinó una fecha, dijo que espera que el pacto con las FARC se firme “en la primera mitad de este año”.

“Ojalá haya declaraciones que puedan salir el 23 de marzo que muestren que (...) los negociadores siguen a un ritmo intenso produciendo acuerdos”, afirmó Hochschild en una entrevista con la AFP. “Pero creo que es posible que para llegar al acuerdo final, con todos los detalles resueltos, sobre todos los puntos, incluido el punto de implementación, quizá se va a necesitar un poco más de tiempo”, precisó.

Y a los traspiés de los últimos días se suma el hecho que faltan dos puntos clave en la discusión que, según los entendidos, no son de poca monta para evacuar en el corto tiempo que queda. Ellos son el fin del conflicto; las condiciones que acompañarán el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de la organización subversiva a la vida civil, política, social y económica, y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

Precisamente, los temas que faltan por resolver son las mismas líneas rojas que fijó el presidente Juan Manuel Santos en el ultimátum que dio a las FARC: el mecanismo de refrendación, cese al fuego bilateral, el cronograma de cómo se adelantará el proceso de dejación de armas y, finalmente, los cabos sueltos que dejó el acuerdo de justicia como el mecanismo de elección de los magistrados que conformarán el Tribunal Especial.

Más preocupante aún es el hecho de que a los cuatro puntos hasta ahora acordados -agrario, participación política, drogas y víctimas- tienen salvedades que quedaron en el congelador y que deben ser finiquitadas en el momento de la firma, como definir el número de hectáreas que se incluirían en el Fondo de Tierras y la seguridad alimentaria. Muchos recordarán las palabras de De la Calle: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Lo cierto, por ahora, es que mientras el Gobierno y las FARC hacen lo posible por sellar el acuerdo, la fecha ya no resulta tan razonable. Así pues, mientras unos creen que ese día no se dará la firma del acuerdo final, otros esperan que el 23 de marzo las partes den un gran salto y fijen la fecha en que silenciarán del todo los fusiles: el fin de la guerra.                                                                              

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