Campanas de acuerdo sobre justicia entre Gobierno y FARC

Luego del viaje, aparentemente extemporáneo, que emprendieron los negociadores del Gobierno a La Habana, crece la expectativa sobre un posible acuerdo con las FARC en el espinoso asunto de la justicia transicional. Humberto de la Calle y el resto de la delegación viajaron el lunes a Cuba, pese a que el próximo ciclo de negociaciones estaba pactado para el 28 de septiembre.

El propio presidente Juan Manuel Santos explicó que los negociadores regresaron a la isla “con instrucciones precisas de continuar avanzando en el tema de justicia”. Desde ese momento, los rumores y versiones respecto a la inminencia de un acuerdo en el capítulo de justicia transicional no han parado de crecer.

Tanto, que hasta en la plenaria del Senado, el jefe del partido opositor, Álvaro Uribe Vélez, dijo públicamente que le había llegado, a través de terceros, la información de que la próxima semana se firmaría la paz. No muchos creyeron esta versión, pero varios episodios darían cuenta de la inminencia de la firma de este acuerdo.

En la noche del martes, en un seminario realizado en Bogotá sobre nuevas formas de conquistar mercados, el presidente Santos hizo referencia a los avances en el proceso de paz, especialmente sobre el tema de la justicia, donde admitió que no todos quedarán contentos con el acuerdo en este punto.

“No todo el mundo va a quedar contento, pero estoy seguro de que a la larga será mucho mejor, porque no importa que unos queden descontentos. Nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo”, dijo Santos.

En el Congreso colombiano también hay expectativa y tensión, y sobre todo demasiados movimientos que apuntan a la inminencia de un acuerdo sobre este tema, uno de los mayores nudos para la firma de la paz. Primero, la presentación del acto legislativo para establecer el mecanismo legislativo especial para implementar los acuerdos. A eso se suma la diligencia que ha habido en la Comisión Primera del Senado, donde todo apunta a que la próxima semana se dará el primer debate de la iniciativa.

Pero también se puede considerar como un elemento el aplazamiento en tres ocasiones del debate de control político sobre justicia transicional que han promovido senadores como Vivianne Morales, Antonio Navarro, Claudia López, entre otros.

Este martes, de nuevo, fueron citados los negociadores, el fiscal general y el procurador general. Ante la ausencia de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, el debate volvió a ser pospuesto.

Tras el nuevo aplazamiento, el senador Uribe insinuó que ya habían acordado con las FARC la justicia transicional “con una interpretación del castigo como premio”. El jefe del Centro Democrático, uno de los que, se presume, no quedarán contentos, hizo varias observaciones.

Dijo que la ley de Justicia y Paz de su gobierno, que permitió la desmovilización de las Autodefensas, se diferencia con lo que quiere hacer el gobierno con las FARC “(La ley de justicia y paz) estableció la diferencia entre quien tiene por objeto principal el narcotráfico y quien se sirve de él para su actividad guerrillera o paramilitar. Se les ofreció reducción de la pena de cárcel, pero nunca se busca asimilar el narcotráfico o el secuestro a delitos políticos para que pudieran recibir el beneficio de la amnistía o del indulto explícitamente”, dijo.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, quien llegó al capitolio al debate, le entregó al presidente del Senado un documento sobre lo que considera deben ser “los diez mínimos para los máximos responsables”.

Para Ordóñez, debe haber investigación, juzgamiento y sanción para los mayores responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidios. Puede haber amnistías e indultos para los guerrilleros rasos, con las limitaciones de los máximos responsables.

El procurador defiende la tesis de que la sanción y la pena para delitos de lesa humanidad debe ser la reclusión, como está consignado en las normas internacionales. Reclusión que implica la sujeción a las autoridades colombianas y las limitaciones a derechos constitucionales.

En una postura novedosa, Ordóñez afirmó en el Congreso que reclusión no significa exclusivamente cárcel. “Pueden ser colonias agrícolas, pueden ser casas de paz, pero indudablemente, bajo las normas nacionales e internacionales de la reclusión, que es la sujeción, límites y restricciones a los derechos fundamentales.
Si no se aceptan esos mínimos internacionales y nacionales, será una mera ficción y serán penas simbólicas que no le confieren ninguna legitimidad y ninguna sostenibilidad”.

Varios elementos apuntan a la inminencia de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC en materia de justicia transicional. Por lo menos la expectativa es alta.

Aunque los más cautos recuerdan que el pasado 25 de junio, el presidente Santos anticipó la firma del acuerdo en el punto de víctimas, el cual, hasta el momento, no se ha producido.