Turbulencia antes del Día D del proceso de paz

El fin del conflicto armado en Colombia se está cocinando a fuego demasiado lento. Desde hace casi tres meses el país espera el anuncio del cese definitivo de hostilidades y la dejación de armas. Es decir, el final de la guerra con las Farc. Pero este no llega. Primero se pensó que el 23 de marzo podría lograrse cerrar el punto tres. No fue así. Luego se creó la expectativa de que el 27 de mayo, con ocasión del aniversario de las Farc, se haría el gran anuncio. Tampoco se logró. La semana anterior se creía que el presidente Santos viajaría a La Habana a dar la gran noticia. No hubo tal. ¿Qué está pasando en la Mesa de Conversaciones?

Los finales nunca son fáciles. Eso lo sabe cualquier creador, o negociador. La frase de remate de un libro, el último acorde de una canción o los acabados de una pieza de arquitectura suelen ser los que le dan sentido a toda la obra. Por eso, hay cierta lógica en que los detalles de lo que está en juego en esta última parte de la negociación tomen tiempo. El rompecabezas que hay sobre la mesa tiene que ver en forma directa con el futuro de las Farc, por un lado, y con el futuro político del país, por el otro. Pero se está dilatando peligrosamente la firma del acuerdo final.

La primera dificultad es que los temas que están sobre el tapete –fin del conflicto e implementación- ya no se pueden tratar de manera separada sino que hay que verlos conjuntamente, y al mismo tiempo se conjugan los intereses militares con los políticos.

La mesa está discutiendo desde marzo el espinoso tema de las zonas de concentración y la dejación de armas. Ya han logrado acuerdos muy importantes sobre reglas de juego de funcionamiento y carácter de estas, y sobre cómo sería el desarme. El punto de garantías de seguridad y combate a las organizaciones sucesoras de los paramilitares está prácticamente cerrado.

Sin embargo, la gran discrepancia tiene que ver con el número de zonas de ubicación de la guerrilla. El gobierno pasó de ofrecer siete, una por cada bloque, a 14, sobre la base de que eso sería lo aceptable por el país. Para la guerrilla esta cifra implicaría desarraigar a muchos de sus combatientes y eso les debilitaría con miras a un futuro como partido político. La diferencia es tan abismal, que las Farc empezaron solicitando más de 70 zonas, y han bajado su aspiración a 64. Para el gobierno, una cantidad tan grande no solo sería escandaloso sino inviable por lo complejo de su verificación.

Expertos y personas cercanas al proceso creen que una cifra razonable para que la ONU pueda cumplir su labor de monitoreo estaría alrededor de 30. Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, propone un mapa de 32 zonas, basado en la presencia territorial de la guerrilla.

El debate sobre el número y la localización de estas zonas no es un regateo de mercado pues tiene implicaciones militares y políticas. Las Farc creen que esta es la base para comenzar su tránsito a la política, y en ese sentido las zonas deben coincidir más o menos con las regiones donde habrá proyectos de reintegración de sus combatientes –los ‘terrepaz’- y circunscripción especial de paz. Esta se encuentra contemplada en el punto dos y su diseño específico, que estaba pendiente, se logró en días pasados. Solo falta ponerles nombre a las regiones y eso solo se logrará al desatascar el tema de las zonas de ubicación.

El otro mapa que debe sobreponerse sobre las zonas de ubicación de las tropas guerrilleras es el de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, pactados en el punto uno. En este aspecto hay mayor avance, pues el gobierno presentó un mapa de 15 regiones que cubren cerca de 160 municipios. Las Farc aplaudieron la propuesta pues la consideraron muy seria técnicamente, y acertada en cuanto a los lugares propuestos. Es decir, que los temas de ubicación de tropas, reintegración, favorabilidad política y desarrollo rural hacen parte de un mismo mapa del posconflicto.

El segundo punto polémico que tiene atrancado el fin de la guerra es el destino final de las armas. Este aspecto se ha vuelto complejo porque han surgido razonamientos ideológicos y dignidades de último momento. El gobierno y los militares exigen destruir las armas pues ese sería un gesto simbólico de que las Farc jamás volverán a usarlas.

Pero para la guerrilla eso hiere su dignidad. En primer lugar consideran que los combatientes no se desprenderán del fusil para fundirlo. En segundo lugar piensan que si en la agenda de La Habana se habla de “dejación y no de destrucción”, eso quiere decir que los fusiles se pueden inutilizar, al quitarles piezas, mientras ellos deciden, junto con la ONU, cuál será su destino final. Cada vez les suena más la idea de hacer un monumento con los fusiles, lo que tiene indignados a algunos militares de la delegación porque lo consideran una apología inaceptable de la insurgencia.

Pero a esos dos temas, que finalmente son desacuerdos normales en los aspectos técnicos de la mesa, se les han sumado otras dificultades políticas que han sembrado desconfianza, herido sensibilidades y enfriado el diálogo.

La  primera es que a pesar del júbilo con el que se presentó el acuerdo para blindar el proceso de paz tanto internacionalmente –como acuerdo especial- como con su inclusión en el acto legislativo que fue aprobado la semana pasada, en el último debate en la Cámara se incluyó un artículo que se convirtió en una piedra en el zapato. El texto dice que dicho acto solo podrá entrar en vigor luego de que los acuerdos de paz sean refrendados.

Para las Farc este es un ‘mico’ del gobierno, que tiene graves consecuencias en el calendario de la paz. Según el grupo insurgente, el Día D para la implementación de todos los acuerdos era la firma del acuerdo final, que según el cronograma más optimista podría ocurrir en agosto. Ahora, según dicen las Farc, habrá que esperar la refrendación -que puede ser en septiembre u octubre- y solo a partir de allí, si se gana, empezarían a regir acuerdos como el cese bilateral y la concentración de las tropas. En consecuencia, el desarme total solo se produciría en mayo del año entrante y las leyes que desarrollan los acuerdos no se podrían tramitar en 2016. El gobierno por su parte asegura que la condición de la refrendación previa hizo parte del acuerdo sobre blindaje y que ahora la guerrilla no quiere reconocerlo.

En segundo lugar, a medida que en Colombia se habla de la necesidad de una constituyente para reformar la justicia, las Farc vuelven sobre ese tema que ha sido su bandera principal desde el comienzo de las negociaciones. Eso saca de casillas a los delegados del gobierno que tienen la sensación de que la guerrilla da pasos atrás, desgasta, y juega con las debilidades del presidente Santos y la encrucijada que le representa que la campaña electoral de 2018 se le haya venido encima, sin terminar la negociación. Posiblemente ese elemento, el político, es el que más ruido está haciendo en Cuba.

A eso se suma que ambos lados de la mesa esperan con expectativa la elección de fiscal general y el fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. La primera se espera como un mensaje sobre la implementación de acuerdos tan sensibles como el de justicia. Respecto al plebiscito, mientras el gobierno espera su aprobación total, las Farc aspiran a que la corte module su fallo y lo convierta en una consulta popular que se haga rápidamente. Ese es el plan B de Santos, según anunció esta semana, y a estas alturas, la fórmula salomónica para refrendar todo el proceso.

El otro elemento visible en Cuba es el cansancio. Negociadores, asesores, garantes, todo el mundo está agotado, y la sensación es que los días se arrastran. El peligro que advierten algunos es que el cansancio, más la presión política, terminen por inducir un final con brocha gorda, sin la calidad y las puntadas finas que requiere. Y hay muchos temas pendientes. En ese sentido, cerrar el punto tres sería un mensaje de destrabe importante. Sería abrirle una autopista al resto. Pero ya nadie se atreve a poner fechas. Y nadie sabe muy bien cuál será el Día D para empezar a implementar los acuerdos.