Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/08/23 07:07

Los dos temas que tienen enredada la firma del acuerdo final

Aunque son varios temas los que discuten los negociadores, la amnistía y la llegada de los guerrilleros al Congreso son los puntos que generan más diferencias.

Encuentro de los negociadores del Gobierno y las FARC el lunes en La HAbana. Foto: SIG

En los últimos días ha tomado fuerza la versión de que antes de que termine esta semana se firmaría el acuerdo final entre el Gobierno y las FARC. Varios medios de comunicación le apuntan al 24 de agosto como la fecha en la que se anunciaría el cierre del capítulo de la guerra en Colombia, sin embargo, los tiempos en la Mesa son otros. Se han dado importantes avances y se está trabajando a toda marcha, pero aún hay detalles que impedirían, por lo menos en esta semana, anunciar el cierre de la negociación.
 
Y es que aunque el nuevo esquema de negociación -el ‘cónclave por la paz’- ha dado resultados en estos siete días de trabajo, aún hay diferencias importantes entre las partes en dos puntos específicos que para las FARC se deben definir antes de la firma del acuerdo final.
 
El primero de ellos es el de la amnistía. Por ejemplo, ‘Marco Calarcá’ recordó que sin que se aplique el indulto no es posible el tránsito a las zonas veredales. “No habrá acuerdo final hasta que no esté la ley de amnistía. Nadie termina su lucha política armada para estar en la cárcel”. Algunos consideran que estas declaraciones del negociador fueron aisladas, pero ‘Carlos Antonio Lozada’ expresó lo mismo y señaló que las FARC no se moverán hasta que no haya seguridad jurídica.
 
La guerrilla quiere una amplia amnistía para aquellos que estén en las cárceles del país por condenas relacionadas con el conflicto. Cifras de esa delegación indican que en los centros penitenciarios hay más de 9.000 personas, de las cuales la tercera parte son integrantes directos de la organización. El número restante pertenecería al Partido Comunista Clandestino, milicias y líderes sociales.
 
Para el Ejecutivo esa cifra es “descomunal” y por esa razón desde hace tres semanas empezó a verificar la cifra en las cárceles. La idea es determinar el número real de guerrilleros presos que recibirían el indulto por delitos políticos. Además, esa revisión servirá para evitar que haya colados, tal como ocurrió en el proceso de desmovilización de los paramilitares en donde varios narcotraficantes se disfrazaron de integrantes de las AUC.
 
En el caso de los combatientes de las FARC que están en las montañas de Colombia se pide una amplia y generosa amnistía, una especie de borrón y cuenta nueva para su reingreso a la sociedad. Aquí habrá una verificación para determinar que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, sexuales o genocidio. Según lo que se está evaluando en la mesa, para los comandantes e integrantes del secretariado la situación será diferente. Ellos irán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde se aplicará la justicia restaurativa, y no punitiva, de acuerdo con la verdad que cuenten sobre los delitos cometidos en el tiempo de guerra en el país. La sala de amnistía de la JEP determinará culpabilidades y la pena que se aplicará.
 
Pero el dilema es que después del plebiscito, en caso de ser aprobado, al Congreso llegará un proyecto de ley de autoría del Gobierno para reglamentar la amnistía y allí se definirá si el narcotráfico podría ser conexo al delito político, siempre y cuando haya sido fuente de financiación para el sostenimiento de las unidades guerrilleras y no para enriquecimiento personal.
 
Precisamente el pasado 5 de agosto, Humberto de La Calle aseguró que se estaba “trabajando para definir los criterios de inclusión y exclusión, en la delegación hay actividad sobre ese tema para definir las características que constituyan un proyecto de ley para que el Congreso lo defina (…) el Gobierno tiene que anunciar que tiene la obligación de presentar esa iniciativa”. Aunque hay grandes avances y ese punto está casi listo, falta por definir el momento en que se aplicará la amnistía.
 
Curules para las FARC
 
En este punto, uno de los más resistidos por la opinión pública de acuerdo con las encuestas, las partes aún tienen diferencias extremas por la llegada de los guerrilleros al Congreso de la República. Las FARC quieren llegar al Legislativo en el 2017, tan pronto hayan completado el proceso de desarme y estén habilitados para llegar allí. Esto prácticamente es lo que se ha denominado ‘curules a dedo’ y es precisamente lo que al Gobierno no le ha gustado.
 
Si bien es cierto que la finalidad de un grupo guerrillero al dejar las armas es seguir su lucha, pero a través de la política, para el Ejecutivo las curules deben otorgarse en el 2018 siempre y cuando haya una participación electoral del movimiento político de las FARC. Por ahora, lo que se está dialogando en Cuba es que desaparezca el umbral para ellos, lo que garantizaría mínimo tres curules y si obtienen una alta votación podrían tener un número mayor de congresistas.
 
En este tema han venido avanzando el senador Roy Barreras y el abogado de las FARC Enrique Santiago. Ellos han sido los encargados de manejar todo ese paquete político de la negociación y se dice que está listo en el 90 %. Por supuesto, falta definir el número y el momento en que los desmovilizados podrían aterrizar en el Congreso a través de las curules y las circunscripciones especiales.
 
Lo cierto es que sí habrá llegada de guerrilleros a la rama legislativa, pero la postura del Gobierno es que se hará cuando no tengan un solo fusil en su poder, después del día D+180, es decir pasados seis meses de la firma.
 
Sobre ese punto la Fundación Paz y Reconciliación propuso que se les otorgue nueve curules directas al Senado y 17 circunscripciones especiales en zonas afectadas por la violencia y donde las FARC puedan participar de una elección popular.
 
El estado de la negociación
 
Desde el pasado 17 de agosto los negociadores del Gobierno partieron hacia Cuba con la firme intención de cerrar el acuerdo antes de que acabara el mes. De hecho, el presidente Santos anunció que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y la Canciller, María Ángela Holguín, reforzarían el equipo para tratar varios temas de la negociación paralelamente.
 
Por esa razón desde ese día los negociadores han estado prácticamente encerrados en varias reuniones para ir superando algunas salvedades de los temas que están en la agenda y que ya fueron aprobados.
 
Pero como los detalles hacen la diferencia, en esta ronda de negociación se están cerrando todos los pendientes para poder finalizar la negociación. La jornada es continua, hay dificultades normales pero se está avanzando a buen ritmo.
 
Por los rumores que hubo sobre un acuerdo definitivo entre las partes, la Mesa emitió un comunicado conjunto en el que le aclaró al país que aún quedan asuntos por resolver. “Las delegaciones del gobierno nacional y las FARC informamos que hemos avanzado en la construcción de acuerdos pero aún quedan temas pendientes. Seguimos trabajando en jornadas sin pausa. Una vez alcancemos el acuerdo final, el país lo conocerá”.
 
Roy Barreras, Álvaro Leyva, Iván Cepeda y otros asesores de las delegaciones trabajan también por separado en distintos temas para lograr lo más pronto posible el cierre final.
 
Si las cosas salen como el Gobierno las tiene previstas, y las FARC no ponen más trabas, antes de finalizar este mes se le anunciaría al país que se logró acabar el conflicto armado de más de medio siglo a través de una salida política.

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