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PAZ

Congreso: de ‘fast track’ a Cámara lenta

En el Congreso advierten que la implementación del acuerdo de paz va a ser mucho más difícil. La oposición celebra que la Corte Constitucional les haya dado la razón.

18 de mayo de 2017

La noticia se conoció el miércoles en la noche, horas después que el gobierno presentara en el Congreso la reforma política y electoral. La Corte Constitucional declaró inconstitucional algunos apartes de la reforma que habilitó el fast track, con lo cual modificó parte de las licencias que se había atribuido el Congreso para implementar los acuerdos de paz.

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La Corte, palabras más palabras menos, señaló que las leyes y reformas que se discutan mediante el mecanismo especial no pueden aprobarse en bloque, sino artículo por artículo. Y también tumbó la condición de que las proposiciones presentadas por los congresistas debían contar con el aval previo del gobierno, una norma que, precisamente había sido diseñada, para evitar que las normas modificaran el espíritu de lo negociado en La Habana con las FARC.

La decisión sorprendió, y mucho, a los congresistas del partido de gobierno. Por ejemplo, el senador Roy Barreras, ‘cerebro’ del fast track’, confesó quedar “muy intranquilo” con la decisión de los magistrados, a quienes les atribuyó haberle dado “un golpe al corazón del proceso de paz”.

Barreras admite que a partir de ahora la implementación de los acuerdos de paz con las FARC será “mucho más difícil”, y consideró que el fast track, tal como había sido aprobado por el Congreso era un mecanismo extraordinario para el hecho, también extraordinario, de parar la guerra. Por eso puso en incertidumbre lo que pudiera pasar con la ley que reglamente la implementación de la paz,  la reforma política, y la decena de leyes que aún faltan por implementar.

“Así como nosotros debemos estar intranquilos desde ahora, los magistrados deben saber también que hicieron mucho más difícil el proceso de paz”, dijo Barreras.

Contexto: Qué es el fast track

Armando Benedetti, copresidente del Partido de la U, consideró que sentido del fallo de los magistrados no significaba otra cosa distinta a acabar con el fast track. Si en adelante las leyes y reformas se votan artículo por artículo, consideró, el tiempo de la implementación se prolongará. “Ha sido una decisión surrealista”.   

En la mecánica legislativa, el fallo de la Corte no significa otra que un freno de mano al fast track. Los debates podrían prolongarse más tiempo del calculado, pues si se tiene que abrir discusión, artículo por artículo, la oposición se aprovechará de su derecho a discernir para prolongar el trámite. Lo mismo sucedería al recuperar la posibilidad de presentar proposiciones sin tener aval del gobierno.

Aunque para Hernán Penagos (la U), ponente del acto legislativo en la Cámara, la decisión de la Corte abre la posibilidad de dar mayor debate a los proyectos y poder plantear proposiciones que permitan enriquecer las discusiones, podría poner en serios aprietos la implementación.

Contexto: Corte había avalado el fast track

Más aún cuando el fast track está habilitado por 6 meses,  prorrogables por otros 6, término que se vence a final de año. Penagos considera que se hace  necesario ampliar el término del mecanismo especial, pues falta gran parte de la implementación, en especial el trámite de la ley estatutaria que reglamenta la JEP.

En la oposición, el fallo fue muy acogido. La primera reacción del senador Iván Duque se conoció en su cuenta de twitter: 

Corte válida que Congreso no puede ser notario y en su independencia debe poder hacer los cambios que considere a los proyectos que debate.

Samuel Hoyos, quien presentó ponencia contra el fast track en la Cámara, dice que la decisión la Corte Constitucional protege la división de poderes de la democracia colombiana, y que gracias a la demanda del Centro Democrático, se reconoció que el fast track “usurpa las funciones del legislativo y se las entrega de manera arbitraria al gobierno Santos y a las FARC. El pueblo eligió al Congreso para hacer las leyes, nadie facultó a la guerrilla de legislar”.

Para Hoyos la norma que impedía a los congresistas presentar proposiciones y anular su facultad de legislar era “un claro golpe a la democracia”. Sin embargo, cuestiona que la Corte no haya tumbado todo lo aprobado en el Congreso mediante ese mecanismo. "La Corte tuvo un acto de lucidez".  

La decisión se produjo horas después de que el gobierno radicara en el Congreso la reforma política y electoral, que también iba a ser tramitada por este mecanismo.

Aunque se conoció que los sorprendió la noticia, en el Ejecutivo ya se esperaba una decisión en ese sentido, e incluso que ya estaba diseñado un plan B. Sin embargo solo será el presidente Santos, a su llegada de la visita a Donald Trump, quien dé a conocer el paso a seguir.