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| 4/3/2013 12:00:00 AM

“Proceso de paz no mejora situación de DD.HH.”

Así lo señaló la Delegación Asturiana, tras su visita a diferentes regiones del país.

Luego de recorrer durante 11 días la región del sur de Bolívar y los departamentos de Cesar, Caldas, Tolima y Huila, la Novena Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos entregó un preocupante balance sobre el tema en país.

La comisión extranjera aseguró que encontró que en Colombia no se cumple con el discurso del Gobierno, pues los “miembros de la Fuerza Pública siguen estigmatizando como insurgentes a quienes trabajan por los derechos humanos”, citando con mayor preocupación lo que sucede en los departamentos de Cesar, Tolima y Huila.

“Expresamos nuestra preocupación por la falta de medidas efectivas de protección a dirigentes sindicales, líderes de procesos de restitución de tierras y líderes populares amenazados de muerte en todas las regiones visitadas”, precisó la diputada Tania Sánchez Melero, miembro de la comisión.

En el mismo sentido la organización dio a conocer las amenazas proferidas contra miembros de sindicatos en los últimos días, por quienes denominan “nuevos grupos paramilitares”.

“De manera especial nos inquieta la amenaza del primero de abril firmada por los ‘Comandos Urbanos de los Rastrojos’ declarando objetivo militar en 20 departamentos del país a los sindicalistas de la salud y la educación, abogados y familiares de víctimas, dirigentes indígenas y campesinos, senadores de la república y a los opositores de los megaproyectos minero-energéticos”, señala la comisión.

Dentro del balance de la visita también se da cuenta de presuntas violaciones a derechos de trabajadores de minas de carbón en el departamento de Cesar, donde consideran que “han sido despedidos centenares de obreros sometidos a sobreexplotación laboral a través de la práctica de la subcontratación, muchos de ellos afectados por enfermedades profesionales”.

De igual forma se criticó el hecho que haya presencia de soldados del Ejército equipados con fusil y su material de combate dentro del territorio de las minas.

El balance también da cuenta de la imposibilidad para la delegación de ingresar a las cárceles con la intención de verificar el verdadero estado de los presos que permanecen allí pagando sus condenas.

También expresó la comisión su preocupación por los altos niveles de impunidad en que quedan las violaciones de los derechos humanos y laborales, lo que, según la organización, se podría agravar con el proyecto de ley que refuerza el Fuero Penal Militar.

Por último, señalan que su partida del país se da en medio de la preocupación y con la impresión que los diálogos entre el Gobierno y las FARC no inciden aun positivamente en el estado de los derechos humanos, pero que saben que “la paz negociada es el único camino que puede llevar a una mejoría del estado de los derechos humanos en Colombia”.
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