Los elogios de Santos a 'Timochenko' y la respuesta airada del procurador

En lo que tiene que ver con la postura del Gobierno hacia el proceso de paz, el procurador Alejandro Ordóñez parece empeñado en no dejarle pasar ni media al presidente Juan Manuel Santos. Esta vez lo criticó por haber ponderado públicamente las cualidades personales del jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’.
 
El jefe del organismo de control no ocultó su rechazo rotundo a las afirmaciones en las que el jefe del Estado dijo haber encontrado en el líder insurgente a un hombre sencillo y de buenas intenciones.
 
“Él es mucho mejor persona de lo que me imaginé”, dijo Santos en una entrevista publicada el pasado fin de semana por el diario estadounidense The Washington Post, a lo que Ordóñez respondió que “muy seguramente no es la misma respuesta que dan los huérfanos y las viudas”. Esto en clara alusión a lo frustrante que podría ser para las víctimas de la guerrilla el oír semejantes afirmaciones.
 
Tan honda fue la molestia del alto funcionario por estas declaraciones, que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que cita la respuesta de Santos y –a renglón seguido- pregunta: “¿Será que las viudas, los huérfanos los secuestrados y los despojados piensan lo mismo?”
 
Frente a la participación o no de las FARC en la constituyente por medio de la cual se refrendarían los acuerdos de La Habana (Cuba), dijo que prefiere esperar su turno ante la Corte Constitucional. Dado que la configuración del mecanismo necesariamente será objeto de control de constitucionalidad, Ordóñez prefiere que sea ese el escenario en el cual la opinión pública conozca su concepto sobre ese particular.
 
Además, aprovechó para referirse a la situación de los militares que fueron llamados a indagatoria como supuestos responsables de actos de tortura que habrían infligido algunos uniformados a personas detenidas tras la toma del Palacio de Justicia. En ese sentido, dijo que el organismo de control tendrá los ojos bien abiertos para que se respete el derecho a la defensa y el debido proceso de los agentes castrenses, como también las garantías que se deben ofrecer a las víctimas.