La respuesta del procurador al acuerdo de justicia

Como era de esperarse, el procurador Alejandro Ordóñez demostró que tiene serios reparos frente al acuerdo para la justicia transicional de los actores del conflicto al que llegaron el Gobierno y las FARC en La Habana.

Dijo que no es un acuerdo en favor de las víctimas. A su juicio, sólo favorece de manera "grosera" a insurgentes desmovilizados, pero no a sus víctimas.

El jefe del Ministerio Público insiste en que lo propio es establecer penas privativas de la libertad. De lo contrario, manifestó, estaríamos desconociendo principios básicos del derecho internacional.

Para Ordóñez es inconcebible que actos de secuestro, desaparición, tortura y otros atroces crímenes no den lugar a que los responsables paguen un solo día de cárcel. Bastará con que confiesen haberlo hecho, para obtener la redención.

Ante semejante marco de impunidad, describió el alto funcionario, no cabe duda de que tendrá que intevenir la Corte Penal Internacional. Además, agregó, el acuerdo no ofrece el menor asomo de seguridad jurídica.

Para el procurador, pareciera que entre los puntos acordados por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, 'Timochenko', se cuenta el que sean los victimarios quienes escojan la sanción que quieren pagar. Algo inaceptable, insiste.

En su criterio, no sólo se desconocen las sentencias previas contra guerrilleros por crímenes de lesa humanidad. También se estaría ofreciendo total impunidad frente al narcotráfico, sin tener en cuenta tampoco los efectos en la consecución de un patrimonio ilícito.

Resulta paradójico para el jefe del organismo de control que mientras las FARC punteen las listas de las organizaciones más ricas del mundo, no haya ninguna exigencia frente a esas fortuna. Ordóñez recordó los resultados de los estudios de la revista Forbes, que calculan el patrimonio de la insurgencia en 600 millones de dólares. Sin embargo, anotó, no se vislumbra en el acuerdo un compromiso para que los rebeldes reparen a las víctimas a través de estos bienes.

Finalmente, Alejandro Ordóñez se pregunta quiénes serán los beneficiarios de los tribunales de paz. Se pregunta si, además de los guerrilleros, los integrantes de las bacrimes podrían ser objeto de esta jurisdicción especial. Además, pide precisar si incluso los parapolíticos podrían recibir este tratamiento penal.