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| 5/13/2016 7:58:00 AM

Procurador advierte de acciones penales y disciplinarias a Santos por acuerdos con FARC

Como lo ha manifestado con cada avance del proceso, tras conocerse el camino para blindar los acuerdos, Alejandro Ordóñez dijo que se está aboliendo el Estado de derecho.

Como era de esperarse, a la actitud esperanzadora con la que muchos recibieron el anuncio que hicieron el Gobierno y las FARC sobre el camino que seguirán para blindar los acuerdos le llegó la postura más crítica: la del procurador Alejandro Ordóñez.

El jefe del Ministerio Público le envió este viernes una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le advierte que se está extralimitando en sus funciones. Por lo que le manifiesta que no sería raro que más adelante tuviera que enfrentar acciones penales y disciplinarias.

Desde La Habana este jueves los países garantes de la negociación dieron a conocer cuál será el mecanismo para evitar que un cambio de gobierno o transformaciones políticas profundas del futuro pongan en riesgo un eventual acuerdo de paz.

La alternativa es que en el acto legislativo, que actualmente se tramita en el Congreso, se abra un espacio para indicar que el acuerdo final será un "Acuerdo especial" basado en los Convenios de Ginebra (Suiza).

Así, una vez se firme ese pacto por la paz, se tramitará una ley ordinaria que contendrá el desarrollo de todo el acuerdo. Según el comunicado dado a conocer por los negociadores, ambas actuaciones tendrán control automático de la Corte Constitucional.

Eso significa que si todo sale como se espera, el mecanismo que se pacte para la finalización del conflicto no sólo hará parte integral de la Constitución, sino que hará parte del bloque de constitucionalidad, lo que prácticamente impediría que el acuerdo pueda ser echado para atrás, ni siquiera por una nueva Constitución.

Para el procurador, semejante alternativa presupone que las FARC y el Gobierno terminaron pasándose por la faja al poder constituyente o que se lo tomaron sin que el pueblo les hubiera otorgado esa facultad.

Por eso Ordóñez cree que esa actuación desconoce la Carta Política de 1991. Por lo mismo, no desaprovecha la oportunidad para recordarle al presidente los líos jurídicos y políticos que puede enfrentar quien se tome atribuciones que no le corresponden.

"Usted, señor presidente, y ‘Timochenko‘ pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro", dice la carta.

Las acusaciones que lanzó Ordóñez tienen que ver con comunicado conjunto que anunciaron las partes desde La Habana, donde quedó consignado que lo que se pacte tendrá la consideración de "acuerdo especial" y pasará a formar parte del llamado "bloque de constitucionalidad" en el ordenamiento jurídico colombiano".

Esta es la carta enviada al presidente Santos:

Señor Presidente:

En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones:

El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad.

Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas.

Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional.

Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado.

Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro.

Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?

Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno.

Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley.

Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución.

Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos.

Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular.

Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos.

Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC.

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