Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2015/09/24 08:14

Procurador arremete contra acuerdo de justicia con las FARC

Dice que las penas se deben cumplir en un lugar de reclusión y no únicamente con trabajo social.

Procurador arremete contra acuerdo de justicia con las FARC Foto: Archivo SEMANA

A la actitud esperanzadora con la que muchos recibieron el acuerdo suscrito entre las FARC y el Gobierno en materia de justicia transicional, le llegó la postura más crítica: la del procurador Alejandro Ordóñez.

El jefe del Ministerio Público insiste en que los responsables de los más atroces crímenes contra la humanidad deben pagar sus penas en lugares de reclusión.

A su juicio, es inaceptable que actos de violación, torturas, genocidio, desaparición forzada y demás crímenes de lesa humanidad puedan ser redimidos únicamente con trabajo comunitario; es la reclusión, junto a los demás mecanismos accesosorios lo que, en su criterio, significa verdadera justicia para las víctimas.

De lo contrario, dice Ordóñez, las más execrables violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario terminarán llevando al Estado a desconocer los más elementales compromisos internacionales.

La Procuraduría se lo advirtió al país, dijo el funcionario: "Se estaba negociando con las FARC el tratamiento judicial a policías y militares".

Para Alejandro Ordóñez se trata de otro hecho que refleja la inconveniencia política y jurídica de lo acordado. Para él, no existe la simetría que ha defendido el Gobierno frente al juzgamiento de agentes de la fuerza pública.

Por eso sólo los guerrilleros podrán ser amnistiados, insistió. Explicó que la rebelión y los delitos conexos son los únicos que dan lugar a la excepción de pena privativa de la libertad. Por eso sólo los guerrilleros, no los militares ni los policías, podrán ser objeto de ese beneficio.

Y es que, para el procurador, la advertencia provino de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bansouda, quien previno a la Corte Constitucional sobre la eventual nulidad de un acuerdo de paz que derivara en un perdón definitivo a graves violaciones a los derechos humanos.

No le resulta suficiente que el Gobierno se limite a exigir la dejación de armas, pues sólo la entrega efectiva de ellas podría ser aceptable de cara a la firma de un acuerdo final. Su preocupación redunda en una eventual intervención de la justicia internacional, si las autoridades colombianas no son capaces de concretar un marco de juzgamiento que elimine todo manto de impunidad.

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