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| 5/11/2015 6:18:00 AM

Ordóñez califica a Santos de 'culipronto'

El procurador se va lanza en ristre contra el gobierno nacional por la decisión de no usar glifosato para combatir los cultivos ilícitos.

Está empezando a ser frecuente en el lenguaje del procurador general, Alejandro Ordóñez, el uso de palabras llamativas y populares para atacar al gobierno nacional. La más reciente fue por la decisión de abolir el uso de glifosato contra los cultivos ilícitos por recomendación del Ministerio de Salud, que basado en estudios científicos diagnosticó que el herbicida es nocivo y, lo más importante, por una orden de la Corte Constitucional.

Las reacciones a la trascendental medida del presidente Juan Manuel Santos no se hicieron esperar. Pero la más disonante fue la que profirió el procurador Alejandro Ordoñez, quien llegó a calificar la decisión de 'culipronta'.

Pero el jefe del Ministerio Público no paró ahí, aseguró, además, que la decisión fue tomada por el compromiso que tiene el Gobierno con la guerrilla de las FARC por cuenta de las negociaciones en La Habana. Durante la semana pasada había asegurado que suspender la aspersión con glifosato "conducirá a crear santuarios para el narcotráfico".

El procurador había enviado una dura carta al ministro de Justicia, Yesid Reyes, en la que dio a conocer su posición sobre el espinoso tema. En el documento de seis páginas, Ordóñez argumenta que la recomendación realizada por Alejandro Gaviria "carece de base científica. De adoptarse, sería el fin de la política contra los cultivos ilícitos en vastas regiones del país en donde la única forma, por razones de seguridad, es la aspersión”, agregó.

Este fin de semana el presidente Santos indicó que les “pedirá a los funcionarios del Gobierno, a los ministros que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en su próxima reunión suspendan el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos”.

De igual forma, solicitó a dicho Consejo que “establezca con el Ministerio de Defensa y con todas las autoridades que están comprometidas, y que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, un período de transición que no puede ir más allá del 1° de octubre”, para que se adopten nuevos mecanismos en la lucha contra los cultivos ilícitos como, por ejemplo, intensificar la erradicación manual.

El mandatario indicó que esta solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes se toma luego de que el Ministerio de Salud recomendó suspender el uso del glifosato en aspersiones contra sembradíos ilícitos, en virtud de una serie de evidencias y estudios que varias entidades nacionales e internacionales han venido realizando, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además del eventual riesgo para la salud, Santos justificó su decisión en que "hay muchos estudios que señalan que el glifosato no es tan eficaz como mucha gente dice", entre otras cosas, porque "los narcotraficantes se han encargado de buscar formas para protegerse de las aspersiones".

Para Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, esa baja efectividad también reside en que los cultivadores están dispuestos a volver a sembrar rápidamente.

"Si el avión pasa y efectivamente destruye el cultivo, los cultivadores de coca tienen semilleros listos para resembrar", dijo el experto a la AFP.

Así, Mejía, quien ha liderado estudios sobre la política antidrogas en Colombia, aseguró que la efectividad del pesticida es del 3,5 %, lo que "significa que eliminar una hectárea (de coca) con glifosato le cuesta a Estados Unidos y a Colombia 72.000 dólares".

"Este es un costo bastante alto", señaló.

Según el experto, los estudios en Colombia han mostrado que las aspersiones con glifosato tienen efectos negativos dermatológicos, respiratorios y reproductivos, al provocar pérdida de embarazos.

Entre el 2000 y el 2007, Colombia aplicó un fuerte programa de erradicación de cultivos ilegales en la frontera con Ecuador, en el marco de un millonario plan antidroga financiado por Estados Unidos, que fue denunciado por Quito y que llevó a la suspensión de la aspersión aérea en las cercanías de la zona limítrofe hace un par de años.

Ecuador se quejó precisamente de que el pesticida afectaba la salud de su población y sus cultivos agrícolas.

* Con información de AFP
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