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| 2/4/2011 12:00:00 AM

Procurador: conducta de Olano y Moralesrussi se adecúa al delito de concusión

En una audiencia pública el representante Germán Olano y el Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi presentarán sus descargos en la investigación por el llamado "carrusel de la contratación". Siga aquí la audiencia pública.

Este viernes, el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, y el exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal Germán Olano acuden a una audiencia pública ante la Procuraduría para responder “por las conductas relacionadas con presunta exigencia de dineros a los socios mayoritarios del denominado Grupo Nule”, según informó el ente de control.
 
La Procuraduría explicó que “formuló cargos en contra del contralor de Bogotá porque, presuntamente, solicitó sumas de dineros al señor Guido Alberto Nule Marino, uno de los socios mayoritarios del denominado Grupo empresarial Nule, como contraprestación para garantizar un trato favorable de su parte, como contralor, en el ejercicio del control fiscal que le asistía sobre la debida utilización de los recursos públicos en los contratos de obra ejecutados en el Distrito Capital entre los años 2008 y 2010”. 
 
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, comenzó explicando cómo y por qué acudió al proceso verbal. Dijo que este proceso es de única instancia y sólo procede un recurso de reposición que él mismo resuelve. 
 
Ordóñez explicó, en primer lugar, el contenido del expediente por el cual comenzó la investigación en contra del exrepresentante Germán Olano, del Partido Liberal, y después abordó el proceso en contra del contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.
 
El Procurador leyó los cargos contra el representante Olano. Dijo que en el expediente obraban pruebas directas y otras indirectas en su contra: “Existen pruebas testimoniales, pruebas documentales e informes técnicos”, dijo.
 
La primera prueba testimonial fue la declaración de Manuel Alejandro Botero, un subcontratista de obras civiles en Bogotá, quien dijo haber presenciado una conversación de varios contratistas del Distrito “en la cual manifestaban la existencia de un compromiso de los contratistas, o mejor del Grupo Nule, con el señor contralor de Bogotá”.
 
Botero dijo que en esa conversación el intermediario “era un señor Olano, que hasta ese momento no sabía que era el representante a la Cámara. En el expediente también están incluidos los testimonios de Manuel, Miguel y Guido Nule y una grabación que fue revelada por Caracol Radio.
 
El Procurador adujo que la Dijin hizo la transliteración de las grabaciones y la identificación de las voces. Según la conversación, el congresista Olano le cuenta a su interlocutor que él va a repartir con el contralor Moralesrussi un pago de más de 2.000 millones de pesos.
 
"Entonces yo fui y le hablé al contralor de eso y le dije 'tranquilo (...) yo no necesito sino pa' mi campaña'; entonces eran 2.200 millones, yo me mamo 1.100, la misma cifra que ya he manejado, y yo te entrego a ti el otro 50 por ciento", dice Olano en la grabación divulgada. 
 
La Procuraduría encontró que “quienes intervienen en el diálogo son el señor Germán Olano, Miguel Nule y Mauricio Galofre”. En el informe de las autoridades, indicó Ordóñez, “se establece que el representante Olano le explica a Miguel Nule la gestión que está realizando ante el señor contralor de Bogotá, para que se le diera un trato favorable en las labores de control fiscal que en el cumplimiento de sus funciones debe realizar el Contralor de Bogotá”.
 
Agrega: “Y más concretamente cómo los Nule estarían en mora, o incumpliendo, con el pago del dinero”.
 
El procurador dio cuenta de que las pruebas indican que hubo 12 reuniones, la primera en la casa de la concejala de Bogotá Ángela Benedetti y una segunda reunión en un Hotel de Bogotá. A esas reuniones asistieron Guido Nule, Germán Olano y el contralor de Bogotá.
 
“Esos son los elementos que se extraen de la grabación en mención y sirven de fundamento para hacer el cargo, porque, como lo he repetido varias veces, esas circunstancias podrían configurar la falta gravísima que está consignada en el artículo 48, numeral primero del Código Único Disciplinario”, dijo el procurador.
 
Luego refirió el testimonio de Miguel Nule, quien en una audiencia en Panamá el año pasado dijo que Olano le había pedido dinero para que el contralor distrital los favoreciera y reconoce que él hizo la grabación y señaló quiénes fueron las personas que intervinieron en la conversación.
 
Después está el testimonio de Manuel Francisco Nule, quien dijo que en más de siete oportunidades asistió a reuniones con el congresista Olano. Dijo que Olano le expresó su preocupación por las molestias que tenía el contralor Moralesrussi al no recibir el dinero, y que eso podría generar retaliaciones por parte del funcionario del ente de control. Por su parte, Guido Alberto Nule, indicó el procurador, afirmó su participación en la reunión en el Hotel.
 
El jefe del Ministerio Público agregó que el dueño del hotel, Enrique Silgado Betancur, “fungía como subdirector de responsabilidad fiscal de la Contraloría de Bogotá y vendió dicho establecimiento de comercio el 17 de diciembre del 2010”.
 
Al referirse a cuáles fueron las normas violadas, el Procurador citó el artículo 48 del Código Único Disciplinario y dijo por qué la conducta tipificada era constituía una falta gravísima.
 
El procurador explicó que al hacer una evaluación objetiva de las pruebas “consideró el despacho que esta conducta se adecúa a lo establecido en el delito de concusión del Código Penal”.
 
Acto seguido citó el artículo que dice que el funcionario que constriña a alguien a dar o prometer dinero (…) o lo solicite, incurrirá en prisión de 5 a 10 años”.

Sin embargo, explicó que las faltas disciplinarias no se condicionan al trámite de un proceso penal”. Que incluso el proceso penal podría arrojar resultados distintos a los disciplinarios, de los cuales es competente la Procuraduría.
 
Según el procurador, “sí existió incumplimiento de los deberes funcionales, y de acuerdo con las pruebas se tipifica el delito de concusión. Puede que en las investigaciones penales se recauden elementos probatorios y la tipificación varíe”, dijo.
 
Dijo que el artículo 48 del Código Único Disciplinario tipifica la falta grave, valiéndose de la “subsunción” de la descripción del delito de concusión descrito en el Código Penal. 
 
El Procurador enfatizó que “esa solicitud”, refiriéndose a la de pagar dinero a cambio del favorecimiento, no la hizo un ciudadano carente de poder, sino que la hizo una persona que ostenta una investidura.

Ese poder puede ser “desnaturalizado” y ponerse “al servicio de otros intereses”, “lo cual genera miedo y ese temor puede llegar a vulnerar la voluntad”, agregó. 

Ordóñez explicó que la palabra concusión viene del latín concutere que significa extorsionar y que cutere es sacudir. “En términos de política se refiere a un impuesto, o multas que se cobran para su beneficio personal”.
 
Después hizo una mención detallada de los artículos que reglamentan la función pública y señaló por qué la imputación se calificó como si Olano hubiera actuado con dolo.
 
Indicó que en la valoración de los actos humanos, ya sea en materia penal o disciplinaria, “siempre se debe tener en cuenta la inteligencia y la voluntad”. El Procurador adujo que Olano actuó con conocimiento de causa y, por ende, con dolo. No sólo conocía a los señores Nule, sino que, indicó Ordóñez, sabía que la conducta era ilícita. 
 
Acto seguido, el Procurador procedió a explicar por qué acusó al Contralor Distrital de los mismos cargos. En “su condición de Contralor de Bogotá solicitó, presuntamente, sumas de dinero a Guido Alberto Nule Marino, uno de los socios mayoritarios del Grupo Nule, como contraprestación para garantizar un trato favorable en el ejercicio del control fiscal que le asistía”, dijo. 
 
Ordóñez  dijo que las pruebas en el caso del Contralor Distrital son las mismas estimadas para el caso de Olano.
 
No obstante, destacó que según el testimonio de Guido Nule, se registra una reunión en el despacho del Contralor, “estando en compañía de Álvaro Dávila y del contratista Julio Gómez”. Y dijo que en las pruebas que se funda el primer cargo contra Moralesrussi, además de los testimonios, están las grabaciones, los registros de entrada al despacho del Contralor y el informe sobre la propiedad del hotel mencionado. 
 
Dijo que “el Contralor conocía sus derechos, sus responsabilidades, a los contratistas, por lo cual conocía la ilicitud que implicaba pedir dicho dinero”. En otras palabras, que Moralesrussi actuó con dolo, y que su conducta es tipificada por el Código Penal como concusión. 
 
Al final leyó un segundo cargo que se les imputó tanto a Olano como a Moralesrussi: incremento patrimonial.
 
Según el Procurador, Olano incrementó, presuntamente, su patrimonio en más de 279 millones de pesos, lo cual constituye falta gravísima. Y Moralesrussi en una suma superior a 467 millones de pesos, “durante el ejercicio de tal dignidad pública”. 
 
Siga aquí la audiencia pública.
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