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| 3/9/2011 12:00:00 AM

Procurador le dice no a la dosis personal

El procurador Alejandro Ordoñez consideró que la prohibición del porte y consumo de sustancias sicotrópicas no restringe el derecho a la libertad y autonomía personal.

El concepto del procurador, Alejandro Ordoñez, sobre el Acto Legislativo 02 de 2009 que busca reformar la Constitución para prohibir el porte y consumo de drogas pide que la iniciativa se declare constitucional.

Así lo dio a conocer la Procuraduría este miércoles. Según el ente de Control, “la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, salvo prescripción médica, no es restrictivo del derecho fundamental de la libertad y la autonomía personal y, por el contrario, su texto se ajusta a la Constitución Política”, dijo la Procuraduría.

El Procurador añade que instrumentos internacionales comprometen a los Estados en la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.

La reforma a la Constitución para prohibir “la dosis mínima” fue propuesta por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe. En este momento, la reforma se encuentra en la etapa de revisión constitucional, en donde la Corte deberá definir si el trámite del Acto Legislativo se ajustó a la Ley.

Si la reforma constitucional es aprobada, el artículo 49 de la Constitución, después de explicar que el Estado debe garantizar la prestación del servicio de salud y que también es un deber de todos procurar el cuidado de la salud personal y de la comunidad, dirá:

“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto”.

Y añadirá: “Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”.

Este proyecto fue motivo de un álgido debate en el Congreso, en donde los opositores a la propuesta señalaron que la prohibición de la dosis mínima restringe las libertades, mientras que los defensores de la propuesta aducen que será un instrumento para combatir el microtráfico.

El senador liberal Luis Fernando Velasco explicó que el Gobierno de Uribe intentó, por lo menos siete veces, prohibir la dosis mínima. “Aunque al principio la iniciativa buscaba la penalización, a su paso por el Congreso los efectos de la propuesta se restringieron bastante. Ahora no se penaliza sino que si se encuentra a alguien con droga se le da un tratamiento médico”, explicó el senador.

El jefe del Ministerio Público adujo que “el consumo y el mercado de drogas ilícitas generan costos económicos para sociedad, algunos de tipo económico como la organización de fuerzas policiales, sistemas judiciales, tratamientos sanitarios y programas de rehabilitación, y otros no económicos como el elevado costo en vidas, violencia, deterioro de la vida comunitaria, miedo y posibilidades colectivas malogradas”.

En criterio del Procurador, la adicción a las drogas no puede ser motivo de protección, pues el problema de las drogas no sólo atañe a quien las consume.
“Ni el porte ni el consumo de drogas son asuntos propios de la vida íntima de las personas. Basta considerar que las drogas son cultivadas, procesadas, transportadas, distribuidas y vendidas por otros, para advertir que no se trata de un asunto que corresponda de manera exclusiva a quien las porta y a quien las consume”, dijo.

El Procurador también sostuvo que la autonomía personal y el individuo mismo, tienen un “claro límite en los demás”.

Según él, “la convivencia está regida por normas que son el resultado de un proceso democrático de consenso más que de imposición, razón por la cual el porte y el consumo de drogas no son asuntos íntimos, ni individuales, sino asuntos sociales relevantes para el derecho”.

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