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| 12/3/2014 12:00:00 AM

A los capos de las FARC los quieren “blindar” de la extradición

Con esos términos el procurador general, Alejandro Ordóñez, se opuso a que el narcotráfico sea delito político.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, fijó su postura frente al debate abierto por el presidente Juan Manuel Santos respecto a la posibilidad de ampliar el abanico de delitos conexos al delito político. El martes, el mandatario dijo en una entrevista radial que incluso el narcotráfico debería ser considerado conexo al delito político.

La discusión reviste mucha trascendencia en el proceso de paz que el Gobierno adelanta con las FARC, toda vez que la definición del delito político que deba hacer el Congreso será determinante para definir quiénes serían los guerrilleros que luego de desmovilizarse podrían participar en política. La mayoría de jefes de las FARC tienen investigaciones por narcotráfico y lavado de activos, e incluso solicitudes de extradición vigentes.

En ese sentido, si el presidente Santos consideró clave que el narcotráfico sea delito político para el buen suceso del proceso de paz, el procurador se opuso a esta tesis y lo hizo con duros adjetivos.

Para Ordóñez, la pretensión de otorgar categoría de delito político al narcotráfico busca blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las FARC. "Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas, blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política".

Esa sería una concesión adicional a las FARC, además de eso la posibilidad contenida en el Marco Jurídico para la Paz, de que el Estado renuncie a la persecución penal del lavado de activos, esto es, que se no se persigan las actividades orientadas a dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes del narcotráfico.

Para el procurador "disfrazar de delincuentes políticos a los narcotraficantes y renunciar a perseguir el lavado de activos convierte al proceso de paz en una gigantesca operación para beneficio de las mafias".

Ordóñez considera que las riquezas provenientes del narcotráfico deben ser entregadas por las FARC en su totalidad para la reparación de las cientos de miles de víctimas causadas durante medio siglo de terrorismo.

Le recordó al Congreso que la Corte Constitucional fijó unos límites a la hora de definir el delito político. La Corte, dice Ordóñez, es clara en señalar que el legislador deberá respetar los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Además “la determinación de cuáles son los delitos que se considerarán conexos al delito político para efectos de permitir la participación política, debe responder a la esencia que identifica a esta categoría de delitos”, esto es su carácter altruista e idealista, elemento que los diferencia del delito común. (Sentencia C 577 de 2013).

Por esa razón “La exclusión de ciertos actos de los grupos subversivos, principalmente de los actos de terrorismo, el secuestro y los homicidios cometidos fuera de combate, fue reiterada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[1]” (Sentencia C 577 de 2013).

Para el procurador el narcotráfico es un delito común de carácter transnacional ejecutado por las FARC con el fin de acumular inmensas riquezas, representadas en tierras, ganado, empresas, e inversiones y que circula clandestinamente en el sector financiero nacional e internacional. "Tal acumulación, que nada tiene que ver con el altruismo que caracteriza el delito político, la reconoce hasta el propio presidente de la República al referirse a las tierras despojadas por ese grupo criminal".

El procurador insiste en que  el narcotráfico "resulta incompatible con la esencia del delito político y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deben cumplirse para que una conducta se pueda considerar conexa con el delito político".

Ante el debate promovido por el presidente Santos, Ordóñez recuerda que la Corte Constitucional señaló en la sentencia C 577 de 2011 que la calificación de delito conexo con el delito político para efectos de participación política no afecta la figura de la extradición, es decir, que ésta se mantiene vigente. "Colombia debe honrar sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico".
 
"Los narcotraficantes de las FARC, comenzando por su cúpula, solicitada en extradición, en cualquier caso seguirán siendo perseguidos por otros estados. Nada diferente a cumplir una pena de cárcel efectiva en el marco de la justicia transicional les dará seguridad jurídica", concluye el procurador.
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