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| 6/11/2013 12:00:00 AM

Procurador gana ‘batalla’ sobre el aborto

El Consejo de Estado le da la razón al Procurador frente a la objeción de conciencia en casos de aborto.

La pelea no para entre el procurador Alejandro Ordóñez quien defiende a ultranza sus convicciones respecto a la práctica del aborto en los casos despenalizados por la Corte Constitucional y el Estado que mediante sus entidades exige el cumplimiento del mandato constitucional.

Ahora, para sorpresa de muchos Ordóñez podría decirse que ganó una batalla porque el Consejo de Estado anuló las circulares externas 058 de 2009 y 03 de 2011, a través de las cuales la Superintendencia Nacional de Salud dictó órdenes e instrucciones con relación al denominado “servicio de interrupción voluntaria del embarazo”, conocido también como IVE.

Las circulares anunciaban drásticas sanciones para las EPS, IPS y cualquier entidad prestadora de salud que se negara a practicar un aborto en cualquiera de los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional: cuando existe peligro para la vida de la madre, cuando existe malformación del feto, y cuando haya sido el embarazo producto de una violación.

En medio de este ‘cinturón’ que puso la Supersalud para todas las entidades, el Hospital San Ignacio interpuso una demanda ante el Consejo de Estado que buscaba tumbar esas circulares argumentando que la “Superintendencia Nacional de Salud carecía de competencia para proferirlas y para regular el derecho fundamental a la objeción de conciencia”.

En medio de esta aguda controversia, la Procuraduría se unió a la petición de la demanda solicitando, en noviembre de 2012, que se declararan nulas dichas circulares. Señala el Ministerio Público que la objeción de conciencia de cualquier profesional tiene que respetarse, y no imponerse a la fuerza.

La semana pasada con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, de la sección primera, el Consejo de Estado declaró nulas las citadas circulares, argumentando que existe un derecho fundamental de los profesionales de la medicina para objetar la práctica de los procedimientos.

En algunos apartes del fallo se deja en claro que la objeción de conciencia es imperiosa al momento de practicar algún procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, “pues el asunto materia de controversia es de importancia jurídica y trascendencia social, habida cuenta que está relacionado con el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, frente a procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, cuya definición resulta imperiosa, en orden a establecer, como lo indica el Ministerio Público en la solicitud de prelación,” señala el fallo.

Sin embargo, previendo una posible derrota, la Superintendencia activó un plan B, consistente en anular dichas circulares demandadas y expidió el pasado 26 de abril la Circular Externa 03, impartiendo nuevamente instrucciones a los prestadores de salud las mismas obligaciones y restricciones con relación a las medidas administrativas y obstáculos para la Interrupción voluntaria del embarazo.

Y frente a la objeción de conciencia, la Superintendencia fijo en su nueva Circular que las instituciones no pueden acudir a ella para negarse a interrumpir un embarazo en los casos permitidos. Por el contrario, deberán tener personal que lo pueda hacer.

Este plan B, no le gustó al procurador Ordóñez quien anunció, que procederá a evaluar las acciones proferidas por la Superintendencia de Salud con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado y hacer valer los efectos que la Ley les asigna a las mismas.

Por ahora, el pulso entre el Procurador y el Estado por el acatamiento de la sentencia de la Corte Constitucional que permite el aborto continuará en medio de la polémica.
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