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| 10/27/2015 12:21:00 PM

"Babosamente me acusan de hacer política": Procurador

El jefe del Ministerio Público le dice al negociador del Gobierno Juan Carlos Henao que se equivoca cuando interpreta que su intención es que los guerrilleros cumplan penas de 20 años de cárcel.

Como una 'babosa' equivocación calificó el procurador Alejandro Ordóñez las acusaciones de quienes lo sindican de hacer política cuando critica el proceso de paz. Dijo que su única intención es blindar el acuerdo para que no se repitan experiencias negativas de otros países que han otorgado indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad.

Además, dijo que cuando los medios lo acusan de estar participando en política por las afirmaciones que hace frente a las negociaciones, demuestran cuán equivocados están frente a la interpretación del derecho constitucional. "Sólo cumplo con mis deberes de proteger la Constitución", dijo.

"Perdieron el curso de derecho constitucional y me ofrezco a brindarles el curso remedial", dijo Ordóñez, caricaturizando a quienes lo acusan de perseguir algo más que advertir al país sobre los riesgos a los que se somete ante la justicia internacional, por la firma de los acuerdos de paz con las FARC.

Insistió en que la búsqueda de la reconciliación no puede justificar el que los responsables de graves delitos de lesa humanidad estén fuera de prisión. La paz estable y duradera, dice, debe estar acompañada de condiciones mínimas que la hagan realizable, entre ellas que los guerrilleros paguen penas de reclusión.

Ordóñez aprovechó la oportunidad para responder a las críticas del rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao. Hace una semana, el abogado, quien integra el equipo negociador del Gobierno en La Habana, le advirtió al procurador que si quería ver a guerrilleros presos por varios años, eso no sería posible. Ordóñez le respondió que no es cierto que él quiera ver a los integrantes de las FARC portando pijama de rayas en una celda durante 20 años, como entonces lo dijo el catedrático.

Afirmó que son numerosos los antecedentes del derecho internacional que justifican su pedido de garantizar que los guerrilleros eventualmente desmovilizados tengan pena de prisión. Las colonias agrícolas, afirmó, son una modalidad viable. Para el jefe del Ministerio Público, en todo caso, debe existir privación de la libertad, así sea mínima.

Además, acudió a ejemplos de otros países en los que se han aprobado indultos por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Indicó que en ellos se expresa lo nefastas que esas medidas pueden ser y citó el caso de Argentina. Allí se estableció una 'ley de punto final' para que responsables de delitos atroces acaecidos en la dictadura de fines de los 70 y principios de los 80 fueran perdonados.

La consecuencia fue que, años más tarde, la justicia gaucha tuvo que reabrir esas causas por torturas, genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Según el procurador, su intención es que no se repita esa experiencia.

Además, pidió garantías de seguridad jurídica para los militares que eventualmente tengan que acudir a los órganos de justicia transicional que plantea el acuerdo. Lamentó, así mismo, que las características del instrumento de juzgamiento fueran negociadas en La Habana. Añadió que cuando advirtió que el Gobierno estaba negociando los estándares de justicia frente a los agentes de la fuerza pública, fue objeto de burlas. Al final, dice, tenía razón.

"Sí, reconozco que hay avances y qué bien que los haya", exclamó Ordóñez, quien aclaró que ello no le pide hacer estas advertencias; "no son caprichosas", dijo. Además, tampoco perdió la oportunidad para insistir en la necesidad de que se conozca el contenido total de los acuerdos sobre justicia transicional. Por sus palabras, pareciera haber en él una convicción indestronable de que las FARC no están dispuestas a que sus integrantes cumplan penas por lo menos mínimas de reclusión. "Eso no concede seguridad jurídica a los militares y policías", afirmó en su encuentro con la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (ACORE).
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