Martes, 17 de enero de 2017

| 2016/04/07 23:40

“La paz con el ELN no puede ser a costa de las vidas de los ciudadanos”

Durísima carta del procurador Alejandro Ordóñez al Gobierno en la que advierte una escalada violenta del ELN tras el anuncio del proceso de paz con esa guerrilla.

Procurador general, Alejandro Ordóñez.

El mismo día en que calificó de “vagabundería” el inicio de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, el procurador general, Alejandro Ordóñez, les envió una durísima carta al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al jefe negociador del gobierno, Frank Pearl, en la que advierte que bastó que se anunciara el proceso de paz para que esta guerrilla arreciara en sus acciones terroristas contra miembros de la fuerza pública y contra la población civil.

En la carta, conocida por Semana.com, Ordóñez enumera los “graves hechos” que se han registrado apenas días después de que se anunció la fase pública de las negociaciones, especialmente en el departamento de Norte de Santander, y le pregunta al Gobierno si esas son las demostraciones de voluntad de paz del ELN. El procurador se refiere a la muerte del intendente Javier Vanegas Sarmiento, comandante de la estación de policía del municipio de El Tarra; al hostigamiento con cilindros y tatucos a la base militar del Ejército Nacional, ubicada entre ese municipio y Tibú; al atentado contra el alcalde del municipio de El Carmen, así como la muerte de un soldado en un hostigamiento del ELN a la base militar instalada en San Calixto, y la del agente Milton Javier Méndez Parra en la estación de policía de Teorama.

También menciona las denuncias del gobernador de ese departamento, William Villamizar, respecto a que en la zona del Catatumbo, área de influencia del ELN, se han presentado más de 20 incendios que afectan más de 2.000 hectáreas. Según el gobernador, es difícil acceder por vía aérea a controlar los incendios porque los “actores armados” atacan a quienes llegan a hacer esa labor humanitaria. Tales, dice en la carta, son escalonadas y programadas, cuyo objetivo sería abrir espacios para sembrar coca en una zona de parque natural y territorio indígena.

Dice Ordóñez que la Procuraduría ha recibido testimonios sobre el intercambio de brazaletes entre estructuras del ELN y del EPL, así como cooptación de integrantes de las FARC por ambas organizaciones.

Y señala que un aspecto que está agravando la seguridad en los campos y ciudades de Norte de Santander es la eliminación de la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos. Recuerda que en Norte de Santander las hectáreas de coca sembradas se multiplicaron por 5 entre el 2011 y el 2015, pues pasaron de cerca de 6.000 a más de 30.000. Asegura que esa circunstancia permite que los grupos armados se fortalezcan y tengan mayor control social y territorial en las zonas cocaleras, más recursos económicos, más posibilidades de reclutamiento y, en general, mayor capacidad violenta. “El departamento nada en coca y los narcotraficantes se benefician de determinaciones gubernamentales manifiestamente equivocadas”, dice.

Para el procurador “es evidente que el ELN sacó lecciones del desarrollo del proceso de paz con las FARC y de decisiones que el gobierno nacional ha tomado del mismo”. Por eso asegura que esta guerrilla “quiere repetir la escalada criminal que caracterizó el inicio de las conversaciones de La Habana, con el fin de conseguir el cese de operaciones militares y policiales en su contra. En su lógica, consideran que arreciar el asesinato de miembros de la fuerza pública y los ataques a la población civil puede generar una situación como la que llevó a que el presidente de la República ordenara suspender los bombardeos contra los campamentos de las FARC luego de que esa organización anunció en julio pasado un “cese unilateral” y masacrara 11 soldados en el municipio de Buenos Aires, Cauca”.

También aprovecha para denunciar que la Procuraduría permanentemente recibe información de miembros de la fuerza pública que señalan que las operaciones militares de carácter ofensivo están paralizadas contras las FARC, con lo que se configura de hecho un cese bilateral de facto. “Adelantar conversaciones con el ELN sobre la expectativa de un cese bilateral de facto, igual al que se mantiene con las FARC, provoca más asesinatos y masacres. El Gobierno no puede repetir errores que le cuestan la vida a policías, soldados y ciudadanos”.

En la carta, Ordóñez le pide al Gobierno disponer inmediatamente de todos los recursos de la fuerza pública para desarticular los aparatos criminales que constituyen amenazas contra la seguridad de los ciudadanos de Norte de Santander.

Califica de indispensable atacar las fuentes de financiación y control asociadas al narcotráfico y la expansión de los cultivos ilícitos. Se requiere adoptar un plan de ejecución inmediata para erradicar los cultivos de coca del departamento.

También le pide al Gobierno elaborar y ejecutar una estrategia que involucre a las autoridades del nivel departamental y municipal, a la rama judicial y a los organismos de control, para garantizar en los territorios bajo la influencia de las organizaciones criminales, una presencia estatal articulada y eficaz y la prestación de los servicios sociales.

Y advierte que la Procuraduría ha dispuesto realizar un seguimiento a la situación de seguridad en Norte de Santander con el fin de garantizar los derechos de sus habitantes.

“La búsqueda de la paz no se puede hacer a costa de la seguridad y los derechos a la vida y libertades de los ciudadanos. El proceso de paz con el ELN no puede deteriorar la seguridad ni conllevar más asesinatos de policías, soldados y ciudadanos”, señala Ordóñez en la carta. 

 

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