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| 10/3/2013 12:00:00 AM

La otra batalla entre el procurador y el fiscal

El Consejo de Estado aceptó una demanda contra una directiva del fiscal Eduardo Montealegre.

Las diferencias entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez no terminan. Uno de los últimos capítulos tiene que ver con la diferencia de pensamiento entre si se debe o no investigar a los funcionarios que viajen a La Habana a hablar con las FARC.
 
Ahora, Ordóñez le va ganando otra batalla al Montealegre por una directiva suya sobre la aplicación del fuero penal militar en el Consejo de Estado, que le da la prerrogativa de decidir cuáles acusaciones contra militares serían juzgadas, ya sea por la justicia ordinaria o por la penal militar.
 
Semana.com conoció la aceptación de la acción judicial interpuesta por el procurador, al indicar que “cumple todas las formalidades necesarias para ser aceptada la demanda de nulidad (…) contra la Directiva 00001 del 22 de mayo del 2013 del fiscal general Eduardo Montealegre, sobre la aplicación del acto legislativo que se refiere a la Justicia Penal Militar”.
 
En el documento se ordena a la Fiscalía “allegar los antecedentes administrativos correspondientes” a la expedición de dicha directriz, bajo pena de que en caso de incumplimiento se constituya “una falta disciplinaria gravísima”.
 
La historia es esta: En el 2012 el Congreso aprobó una ley que creó un blindaje jurídico para los miembros de las Fuerzas Militares que ha tenido pros y contras. Pero uno de los aspectos más polémicos ha sido el castigo para los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
 
En esta ley, el Congreso impartía instrucciones precisas para que la Fiscalía y los jueces militares coordinen cuáles delitos cometidos por militares iban a la justicia ordinaria y cuáles a la penal militar. Pero, de manera sorpresiva, Montealegre expidió una directiva para todos los funcionarios en la que dejó entrever que él era el único encargado de determinar quién investigaría a los militares por sus pecados.
 
Esa directriz señala que “en cumplimiento del artículo 4 transitorio del Acto legislativo 02 del 2012, y hasta el 27 de diciembre del 2013, únicamente el fiscal general podrá trasladar proceso a la jurisdicción penal militar. Por lo tanto, y hasta el vencimiento del plazo establecido, ningún fiscal podrá trasladar proceso por razones de competencia”.
 
Esta directriz no cayó bien en la Procuraduría, por lo cual Ordóñez decidió demandarla. En su opinión, considera que esa directriz está por fuera de los marcos constitucionales.
 
Ahora la magistrada de la sección primera del Consejo de Estado María Elizabeth García deberá analizar las pruebas practicadas en el proceso y realizar un proyecto de fallo que podría ‘tumbar’ esa directiva del fiscal general. Si bien el primer piso de la demanda está superado con la aceptación, faltará ver si culmina con éxito.
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