Procurador, indignado con trato del Gobierno a familia Cabrales

El procurador Alejandro Ordóñez está furioso por el trato que le ha dado el Gobierno al asunto del secuestro del ingeniero Ramón Cabrales a manos del ELN. Para él, es inadmisible que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya sugerido que el pago que hizo la familia para recuperar a su ser querido tendría consecuencias legales.

Por eso, le envió una carta al jefe de la cartera política en la que sostuvo que el Gobierno está obligado a reparar el daño causado a la familia del exsecuestrado, quien fue puesto en libertad por la guerrilla el miércoles santo.

Para el jefe de la Procuraduría, es inconcebible que el Ejecutivo hubiera asumido como un gesto de buena voluntad del ELN la liberación del ingeniero. Mucho más después de que se conoció que sus familiares pagaron parte del dinero que exigían los insurgentes por devolverlo a los suyos.

De hecho, el jefe del Ministerio Público utilizó ese argumento como uno de los más fuertes para oponerse al inicio de las negociaciones de paz del Gobierno con este grupo guerrillero. A su juicio, el inicio de las conversaciones era una especie de legitimación del secuestro.

“El señor Cabrales estuvo sometido a la tortura del secuestro casi siete meses. Durante ese tiempo la familia acudió a las autoridades con el fin de que se lograra su retorno a la libertad, sin que se hubiera conseguido su rescate, ni tampoco ningún resultado en el marco de las conversaciones que, con el ELN, ha mantenido el gobierno nacional, a pesar de haber condicionado al fin de ese secuestro un eventual proceso de paz con esta organización”, dice la dura misiva.

Ahora cuandoe tiene la oportunidad de criticar la salida que tuvo Cristo por el hecho de que la familia cediera a las presiones extorsivas de parte del grupo armado ilegal, el procurador trató de subrayar que la familia Cabrales, como tantas otras víctimas de ese flagelo, no ha buscado cometer delito alguno, sino defender la vida y la honra de los suyos.

Según Ordóñez, la única manera de reparar el daño causado a los Cabrales y a las demás víctimas a través de esas insinuaciones es presentar excusas de manera pública. Para él, el Gobierno debe manifestar su arrepentimiento y comprometerse a no volver a caer en el mismo error.