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| 9/3/2015 12:00:00 AM

Procurador Ordóñez pidió a la CPI que capture presidente de Venezuela

La cabeza del Ministerio Público hizo la petición en el informe que presentó ante ese organismo internacional.

En el informe que presentó a la Corte Penal Internacional (CPI) el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, pidió que se investigue y capture al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que existen violaciones y atropellos en la deportación de colombianos en la zona de frontera.

Para Ordóñez es un crimen de “lesa humanidad” lo que hizo el gobierno venezolano. También solicita el mismo procedimiento en contra del presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, y la canciller, Delcy Rodríguez.

Incluye también al gobernador de estado Táchira, José Vielma Mora, al igual que dos generales de la guardia venezolana. Dicha solicitud fue enviada este jueves por el procurador a la sede de la Haya.

En la misma línea, el procurador general le pidió a la CIDH este miércoles detener los "ataques de Nicolás Maduro contra los colombianos".

En el comunicado divulgado, el jefe del Ministerio Público advierte que las medidas cautelares buscan "desmontar la política sistemática de ataques a los connacionales en la frontera".

"Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el gobierno colombiano, la Procuraduría busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera", dice.

Para Ordóñez, la medida se soporta en los casos documentados que dejan en evidencia "las graves vulneraciones a los derechos" de miles de connacionales en el vecino país que han sido, según el documento, "diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro".

Para el jefe del Ministerio Público las recientes deportaciones de colombianos, en situación migratoria irregular o regular, se fundamentan en el origen y la nacionalidad de los ciudadanos.
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