Procurador pide corte de cuentas por ataques con ácido

Los casos de ataques con ácido ocurridos en los últimos días en Bogotá y Medellín encendieron las alarmas de los organismos de control ante el aumento de este fenómeno.

Entre ellos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, que requirió al Ministerio de Salud y Protección Social que le informe sobre el estado actual de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Ley 1639 del 2 de julio del 2013, “por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000”.

La ley en mención dio instrucciones precisas a ese ministerio para que en un término no mayor a seis meses creara la ruta de atención integral a estas víctimas, el suministro de información y orientación sobre sus derechos y los recursos con los que cuentan, entre ellos, los judiciales, administrativos y de atención en salud. Además, condiciona mecanismos para proporcionar reintegración laboral, según el caso.

El ministerio tiene la obligación de coordinar con el Ministerio de Industria y Comercio las actividades tendientes a garantizar el adecuado registro y control de venta de sustancias ácidas, alcalinas o corrosivas y llevar un registro de las víctimas atendidas.

De igual manera, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, solicitó remitir copia del registro sobre las personas atendidas en caso de lesiones corporales causadas por este tipo de sustancias que generan daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

La no reglamentación oportuna de la Ley, plazo que venció el 2 de enero pasado, limita la actuación de las entidades con responsabilidades asociadas a este flagelo social.