Procurador pide facultad para reabrir procesos por corrupción archivados

Dos peticiones, muy controvertidas, le hizo el procurador general, Alejandro Ordóñez, a la Comisión Primera de la Cámara que completa dos semanas estudiando el estatuto anticorrupción.
 
La primera es la facultad para revocar fallos disciplinarios proferidos por la propia Procuraduría. Sin embargo, Alejandro Ordóñez aclaró que sólo se trataría de aquellos que hayan sido archivados por falta de pruebas.
 
Muchos representantes a la Cámara advirtieron con preocupación que otorgar esta facultad podría generar “inseguridad jurídica”.
 
Ordóñez explicó que los procesos con auto de archivo no son fallos definitivos, y que bien podrían reabrirse siempre y cuando se alleguen pruebas y evidencias que permitan calificar la actuación y determinar que un funcionario debe rendir cuentas por presuntos actos de corrupción. “Si ya hay un fallo de absolución o de sanción esos son inmodificables”, aclaró.
 
El procurador también advirtió que la posibilidad de reversar este tipo de decisiones tendría un término específico. Serían seis meses a partir del archivo de la investigación en los que, de allegarse nuevas evidencias, podrían suponer la apertura de un proceso.
 
Ocho años para investigar actos de corrupción
 
“Cinco años no son suficientes para investigar la corrupción”. Esas fueron las palabras con las que el procurador general, Alejandro Ordóñez, le pidió al Congreso mayores instrumentos para investigar delitos contra el patrimonio público.
 
Ordóñez también les sugirió a los representantes de la Comisión Primera que amplíen el término de la prescripción de los procesos disciplinarios.
 
Actualmente, las investigaciones disciplinarias tienen un término máximo de cinco años, tiempo en el que la procuraduría debe investigar y calificar la actuación de los funcionarios públicos sobre los que haya quejas de corrupción.
 
“No siempre la autoridad conoce los hechos disciplinables cuando suceden; normalmente no es así. Hay veces que los conocemos después de dos años. Yo confieso que es imposible lograr tomar decisiones dentro del término de prescripción, que actualmente es de cinco años”.
 
La petición del procurador pretende que la acción disciplinaria tenga como término ocho años, un periodo de tiempo que calificó como “prudente”.
 
Para algunos representantes cinco años sí son suficientes, y de aumentar el término, como lo explicó el representante Camilo Abril (Cambio Radical), tardarían más los fallos disciplinarios y afectaría la administración pública. Citó casos en que autoridades locales son objeto de investigación e incluso participan de debates electorales sin tener claridad de su situación disciplinaria.
 
Otros respaldaron la tesis del procurador y explicaron que el debido proceso está acompañado de muchos recursos jurídicos que pueden dilatar los procesos, e incluso, muchos abogados son expertos para conseguir que pase el tiempo de prescripción a punta de estos recursos, tal como lo afirmó el representante Germán Varón.
 
La Comisión Primera de la Cámara de representantes avanza en la discusión del estatuto anticorrupción. Tras dos semanas de discusión ha aprobado 89 artículos, eliminado 7 y faltan 56 artículos por definir.