Crisis fronteriza: el procurador también pide fiscalización internacional

Al tiempo que el presidente Juan Manuel Santos anunció que expondrá la crisis fronteriza con Venezuela ante la ONU, la CPI y la OIM, se supo que no es el único que está decidido a recurrir ante organismos internacionales para que se revise el caso.

Hace algunas horas el mandatario anunció que el fiscal general, Eduardo Montealegre, considera la posibilidad de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI); siguiendo esa línea, el procurador general, Alejandro Ordóñez, hizo lo suyo este miércoles y confirmó una noticia que había anunciado la semana pasada: le pidió a la CIDH detener los "ataque de Nicolás Maduro contra los colombianos".

En el comunicado divulgado este miércoles el jefe del Ministerio Público advierte que las medidas cautelares buscan "desmontar la política sistemática de ataques a los connacionales en la frontera".

"Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el gobierno colombiano, la Procuraduría busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera", dice.

Para Ordóñez, la medida se soporta en los casos documentados que dejan en evidencia "las graves vulneraciones a los derechos" de miles de connacionales en el vecino país que han sido, según el documento, "diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro".

El alto funcionario sostiene que las recientes deportaciones de colombianos, en situación migratoria irregular o regular, se fundamentan en el origen y la nacionalidad de los ciudadanos. 

De ahí que haya enumerado en el documento hechos violatorios en los que ha incurrido el gobierno venezolano. Uno de esos puntos tiene que ver con las denuncias que han interpuesto varios colombianos quen han advertido que sus documentos legales han sido destruidos por los agentes del gobierno venezolano antes de su expulsión de su territorio nacional.

Otro de los abusos cometidos en la frontera colombo-venezolana, según el procurador, tiene que ver con desplazamiento forzoso, abuso sexual contra mujeres, tortura, además de la criminalización, estigmatización.

Según Ordóñez, todas estas arbitrariedades han llevado a la adopción de una política de persecución que se traduce en la "privación intencional y grave de los derechos humanos".