Procurador presenta observaciones sobre instrumentación de la Ley de Víctimas

El procurador general, Alejandro Ordóñez, presentó sus observaciones frente a la instrumentación de la ley de víctimas y restitución de tierras e hizo un llamado al Gobierno para que supere los inconvenientes que se están presentando con el registro único de víctimas.

Ordóñez indicó que el formulario diseñado para el registro único de víctimas no fue consultado con el Ministerio Público durante su elaboración y señaló que presenta inconsistencias que constituyen un cuello de botella para el registro de las víctimas si no se toman los correctivos apropiados.

De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, el formulario es un instrumento complejo de diligenciar, requiere información que no es indispensable, contiene definiciones jurídicamente inexactas.

El diligenciamiento de dicho formulario demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas, y en promedio se elaboran cuatro al día lo que, según Ordóñez, retrasa la labor de registro de las víctimas.

Para la Procuraduría es esencial que el formulario esté disponible en todos los municipios del país y es necesario que se evalúe la posibilidad de acceder a éste a través de internet, preservando las normas propias de los sistemas de seguridad, así como una dirección física donde se pueda enviar los formularios diligenciados en el tiempo que establece la ley.

El Ministerio Público considera necesario que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia Nacional de Protección cuenten con el personal suficiente para cumplir su gestión, la cual reviste vital importancia ante las amenazas, hostigamientos, e incluso, asesinatos a víctimas y líderes de organizaciones de víctimas que se vienen presentando. Sin duda alguna, de la protección que se brinde a las víctimas y sus representantes, dependerá el éxito o fracaso de la Ley.

Finalmente, la Procuraduría destacó la necesidad de reglamentar lo concerniente a la manera como se debe elegir los representantes de las organizaciones de víctimas para que consecuentemente se instale la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entidad que deberá rendir un informe al Congreso de la República dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura.