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| 2/4/2017 7:50:00 AM

Corrupción Odebrecht: ¿Deberían responder penalmente las empresas?

A raíz del caso de la compañía brasileña, Fernando Carrillo revive esta discusión y dice que con la legislación actual esa empresa no moriría jurídicamente.

Cada vez que se habla de fortalecer la lucha contra la corrupción, salta el debate sobre la necesidad de aplicar penas a las empresas involucradas en sobornos. Los expertos afirman que si no se sanciona también a las personas jurídicas corruptas, se podría meter a la cárcel a sus directivos, pero estas seguirán existiendo y causando millonarias defraudaciones al Estado y a los ciudadanos.

En Colombia eso no es posible en este momento, pues según el Código Penal las penas sólo se pueden aplicar a las personas naturales. Sin embargo, la criminalización de las empresas no es un invento descabellado. En Estados Unidos y el Reino Unido se contempla desde la primera mitad del siglo XX y muchos otros países que no la permitían la han venido incorporando en los últimos años: Francia en 1994, Italia en el 2001 y España en el 2010.

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A nivel internacional la Convención de la OCDE de Lucha contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros exige que los Estados contemplen medidas para sancionar penalmente a las empresas y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción lo exige desde el año 2002. Incluso la OCDE sugirió en el marco del grupo anticohecho a Colombia que se consagrara la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal de nuestro país.

Sin embargo, todas las iniciativas en este sentido terminan hundidas al tocar el Congreso. De manera que hoy la máxima persecución recae sobre la responsabilidad del representante legal, y deja viva su sociedad, su estructura y su capital. Por esta vía las empresas corruptas pueden desde seguir funcionando con un representante legal diferente hasta evadir las sanciones con la conformación de nuevas empresas que no estén vetadas para contratar con el Estado.

Ante esta impotencia, el procurador general, Fernando Carrillo, puso otra vez el tema en el centro de la agenda y pidió que el Congreso tramite un proyecto de ley que abra la ruta para que se pueda perseguir penalmente a las empresas. El jefe del Ministerio Público alerta por los efectos que esto tiene en el caso Odebrecht.

La empresa –dice- “actúa a través de representantes, pone a un ser humano que delinque y este va a la cárcel; pero sigue existiendo una persona jurídica que cambia de representante y hasta de nombre. Hay un patrón criminal que está amparado en la estructura comercial”. Por ello aseguró que la discusión es clave porque mientras no se diluya la actividad de la empresa privada que está involucrada en una actividad delictiva, esta queda viva para seguir operando.

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En Colombia la discusión no es nueva, pues a finales de los 1990 la ley del seguro ecológico permitía que se sancionara penalmente a las empresas. Sin embargo, esta ley fue declarada inconstitucional en las sentencias C-320 de 1998 y C 843 de 1999. Lo interesante es que la Corte Constitucional no declaró inexequible esa norma porque considerara que las personas jurídicas no pudieran tener responsabilidad penal, sino porque en ese momento no existía un procedimiento para que las empresas pudieran ejercer su derecho a la defensa. Por ello bastaría elaborar una ley que regulara el proceso y estableciera la forma como una persona jurídica ejerciera su derecho de defensa.

En los últimos días no sólo el procurador general de la Nación sino también expertos como el exministro de Justicia Yesid Reyes y ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao han apoyado la propuesta. Reyes afirmó que si bien para muchos sectores el Derecho penal nació y se desarrolló para sancionar comportamientos humanos, es muy amplia la gama de sanciones penales que se podrían imponer a una empresa: desde multas hasta la cancelación de la personería jurídica. Henao, por su parte, también dijo que la sanción de las empresas corruptas era exigida por la comunidad internacional.

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A pesar de los ajustes normativos que se vienen dando en Colombia, los entes de control siguen alertando porque se quedan cortos en el momento de perseguir los entramados financieros de los corruptos. La propuesta del procurador es muy interesante, faltará ver si por fin esta idea tiene acogida en el Congreso.

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