Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/08/08 21:02

La EPS que nunca nació pero enredó a un ex superintendente

Detrás de Salud Andina hay una pelea de más de tres años que implica a paramilitares, a un juez investigado por corrupción y un exfuncionario que tuvo que pagar un 'carcelazo' en pleno diciembre.

El ex superintendente de salud Gustavo Morales. Foto: Archivo SEMANA

Desde hace tres años el ex superintendente de salud Gustavo Morales y un grupo de empresarios de la Cosca Caribe, están en una disputa jurídica con todos los ingredientes posibles: varios funcionarios destituidos, la sombra de los paramilitares, un juez que está siendo investigado por corrupción, y hasta un carcelazo de tres días que pagó Morales.

El centro de este lío es una EPS llamada Salud Andina que nunca nació, precisamente porque Morales no avaló su creación.
Ahora se abre un nuevo capítulo en esta puja: la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Morales (hoy presidente de Afibro), porque desacató una orden judicial que le ordenaba darle vía libre a la creación de esta EPS en 48 horas. Esta semana Morales presentará su defensa.

Para entender este lío hay que devolverse a junio de 2013 cuando Gustavo Morales, siendo Superintendente de Salud, le negó la habilitación a Salud Andina con varios argumentos de peso.

Por un lado, argumentó que uno de los mayores accionistas de la EPS, el empresario y ganadero Gerardo Vecino Villarreal, fue señalado por los exparamilitares Sergio Córdoba (alias ‘120’) y Edgar Ignacio Fierro (alias ‘Don Antonio’) como colaborador de esa organización ilegal en Atlántico. Pero además Morales sostuvo que otros dos de los socios de la EPS estaban inhabilitados porque en ese momento ejercían como secretarios de salud.

Todo esto que dijo Morales, lo hizo con base en un comunicado que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia le envió a su despacho, detallando estos mismos hechos y expresándole su “preocupación”.

Después de la negativa de Morales, los abogados de la EPS Salud Andina demandaron esta decisión ante el Consejo de Estado, que todavía no ha dado un fallo. Y además interpusieron unas siete acciones de tutela, buscando revertir la decisión del entonces Superintendente.

Sólo una de ellas prosperó. Un juez de Barranquilla le ordenó a Morales avalar la creación de la EPS en 48 horas, argumentando que había violado el derecho al debido proceso. Él se negó. Y meses después, entre el 23 y el 25 de diciembre de 2014, estuvo en la cárcel por desacato.

En este punto aparece otro personaje protagonista de esta historia: el único juez que le dio la razón a Salud Andina y envió a la cárcel a Gustavo Morales. Se trata de Edwin Volpe Iglesia, en ese entonces juez noveno penal municipal de Barranquilla.

El nombre de Volpe empezó a sonar en el país luego de que dejó en libertad al polémico empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, investigado por homicidio y presuntos nexos con bandas criminales.

En agosto del año pasado Edwin Volpe se volvió noticia de primera plana, porque fue capturado junto con otros once funcionarios de la rama judicial que, al parecer, conformaban una red de corrupción para favorecer “intereses particulares”. A Volpe le imputaron el delito de prevaricato por acción con circunstancias de agravación. Actualmente está en casa por cárcel, a la espera de que comience el juicio.

Actualmente, gracias a la decisión que tomó ese juez, Gustavo Morales enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría. “Fue imposible acatar esa orden, porque el proceso de habilitación de una EPS requiere de la revisión compleja y exhaustiva de toda la documentación jurídica y financiera. Y además, es necesario verificar si existe una red de servicios de salud adecuada. Esto es imposible de hacer en 48 horas”, señaló Morales.

Esta semana Gustavo Morales presentará su versión libre y escrita de los hechos. Y en ésta argumentará no sólo que desacató la orden del juez porque era “imposible de cumplir”, sino que “existe una norma constitucional que dice que nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos”.

Este argumento es rebatido por algunos juristas, quienes señalan que una cosa es la instancia disciplinaria y otra la penal. Pero Morales sostiene que existe una norma especial para el caso de desacato de tutelas. “La norma especial dice que el funcionario que desacata será privado de su libertad. A mí ya me aplicaron ese castigo”.

Y hay un último capítulo en esta historia, que continúa abierto. Gerardo Vecino Villarreal, el accionista de Salud Andina que fue salpicado por exparamilitares, demandó por injuria y calumnia a Gustavo Morales. El abogado de Vecino en este proceso, que avanza en la Fiscalía, es Abelardo de la Espriella, quien en su cuenta de Twitter se refiere a Morales como “el prevaricador y calumniador”.

Parece que todavía está lejos el desenlace de este enredo judicial. Lo que sí es claro es que los accionistas de Salud Andina no se darán por vencidos. Su pretensión de crear una EPS que opere en el norte, el nororiente y el sur del país, y que atienda a usuarios del régimen subsidiado, sigue en pie.

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