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| Foto: Archivo particular

DISCIPLINARIO

Procuraduría abre investigación por contratos de Natalia Springer con Fiscalía

Semana.com revela detalles del documento con el que el Ministerio Público ordena investigar presuntas irregularidades en millonarias contrataciones directas con el ente acusador.

27 de noviembre de 2015

El caso de Natalia Springer parece lejos de terminar. Su nombre, por una razón u otra, sale a relucir cada semana. Hace pocos días el escándalo corrió por cuenta de un millonario contrato suscrito entre su firma Springer con la Fiduciaria Bogotá para realizar un estudio dirigido al Ministerio de Vivienda.

El tema, revelado por Semana.com, encendió las alarmas porque Springer volvía a la escena como experta en vivienda, algo desconocido para muchos. Ahora Natalia vuelve a dar una noticia que conoció este portal en exclusiva. La Procuraduría abre investigación por los polémicos y multimillonarios contratos que ella suscribió con la Fiscalía General de la Nación.

Así se desprende de la decisión rotulada con el número IUS 2015-403642, firmada por tres procuradores delegados que advierten de “presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos utilizando la modalidad de contratación pública directa de la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S.”.

En la decisión, el Ministerio Público toma atenta nota de investigaciones periodísticas de Semana.com y El Espectador, que revelaron diferentes aspectos de la contratación de esta firma con el ente acusador.

Como se sabe, Springer firmó contratos que sobrepasaron los 4.000 millones de pesos para realizar informes sobre el ELN y las bandas criminales, en el marco del conflicto colombiano.

El organismo de control disciplinario se fija en la revelación de Semana.com que en septiembre del 2015 reveló un informe de interventoría sobre uno de los contratos de la politóloga –el del 10 de septiembre del 2013– por 900 millones de pesos, que dejó muy mal paradas a Natalia y a la propia Fiscalía.

Según el objeto del contrato, que serviría de base al trabajo de la Unidad de Análisis y Contexto, la firma debía “prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento y apoyo jurídico y técnico especializado al señor fiscal general de la nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”.

Como si fuera poco, la empresa de Natalia debía tener 10 años de experiencia para acometer este contrato pero en ese entonces sólo tenía dos años de creada. Más allá de los tiempos, la interventoría anotó que el trabajo de la ‘experta’ no cumplió lo estipulado.

“Las actividades como la recolección de información, tamizaje de información, análisis de datos, modelos sobre lógicas de imputación, representación matemática de algoritmos, georreferenciación de datos, procesamiento estadístico de datos, análisis de situaciones de vulnerabilidad, riesgos y desastres que permitan ponderar la capacidad y probabilidad de causa de daño e impacto en los sujetos pasivos de la conducta criminal que debe desarrollar la firma consultora, Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S., no se plasma en el informe”, dice la interventoría.

Precisamente, por esa revelación el escándalo sobre los contratos de Springer tomó alto vuelo. Ahora la Procuraduría, en su decisión, pide oír en diligencia testimonial a Alejandro Ramelli, quien para la época se desempeñó como director de la Unidad de Análisis y Contexto, dependencia que rechazó el informe de Natalia.

También oirá en diligencia a Witza Vidales, secretaria privada del despacho del fiscal general, Eduardo Montealegre, para cuando ocurrieron los hechos. ¿Por qué a ella? Porque designó por instrucciones del fiscal general al jefe de la oficina de informática de la Fiscalía, Carlos Ariel Useda, como interventor del contrato sin tener, supuestamente, la experticia para ello.

De esta manera, comienza un nuevo capítulo acerca de los polémicos contratos firmados por la empresa de la politóloga Springer. La Procuraduría tendrá en sus manos la oportunidad de determinar si hubo anomalías en la elaboración y la ejecución de los contratos y quiénes podrían ser los principales responsables en este caso. Por lo pronto, el fiscal Montealegre los ha defendido a capa y espada.