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| 4/8/2015 4:23:00 PM

Procuraduría abre pliego de cargos a Sergio Fajardo

Al gobernador de Antioquia se le señala de presuntas irregularidades en la entrega de un título minero al esposo de una exsecretaria de su administración.

La Procuraduría General de la Nación investigaba a Fajardo desde hace por lo menos dos años. Se trata de un proceso que en julio de 2013 le costó el puesto a una las funcionarias más notables y de más tradición en el proyecto político fajardista.

Ella es Beatriz White, secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación, quien renunció en medio de un escándalo que inevitablemente terminó salpicando el despacho de su jefe.

La historia comenzó en 1999 cuando White halló en un predio suyo, del municipio de Santa Rosa de Osos, una veta de material que se propuso explotar comercialmente. A partir de ese momento, según la exfuncionaria, inició los trámites para la expedición del título minero.

El lío es que el proceso de protocolización de los documentos, que finalmente quedaron a nombre del esposo de White, el señor Manuel Antonio Mesa, solo vino a finiquitarse cuando Fajardo ya era gobernador.

En el pliego de cargos que la Procuraduría le formuló a Fajardo el pasado 19 de marzo y que hasta ahora sale a la luz, el Ministerio Público pone de presente el contrato No. 5967 del Registro Nacional Minero.

En la misma investigación están involucradas la secretaria de Minas, Claudia Cecilia Cadavid, y la directora de Titulación de Minas, Melissa Álvarez Licona.

Una vez enterado del pliego de cargos, Fajardo dijo que el esposo de White empezó el proceso de legalización de su mina en 2003 “e hizo todo lo que la ley le exigió, su contrato pasó los exámenes, terminó todos los trámites en el 2011, en la administración anterior, y para cumplirle con su derecho adquirido, mi obligación era firmar el contrato. No tengo la menor duda de que hice lo correcto”.

La concesión minera, firmada el 26 de julio del 2012, comprende la explotación de la cantera para la extracción de arena y grava, durante los próximos 30 años. El proceso, es lo que aseguran en la Procuraduría, se está moviendo a pasos agigantados.

“Es legítimo que revisen los contratos que hacemos en la Gobernación. No es ningún problema para nosotros que nos vigilen, de hecho queremos que en todas nuestras actuaciones nos miren muchos ojos, recuerden que en nuestra página web aparecen todos los contratos que hacemos, eso hace parte de Antioquia Legal”, agregó Fajardo.

Las consecuencias de este proceso para el Gobernador son incalculables. Por un lado, está el desgaste que significa defenderse ante la Procuraduría mientras gobierna, en medio de dardos que seguramente lanzarán sus opositores.

Sin embargo, el panorama más adverso que podría enfrentar el Gobernador de Antioquia, es una posible destitución o inhabilidad, que lo dejaría por fuera de las próximas elecciones presidenciales, en las que su nombre seguramente estaría.
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