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La cifra de damnificados por el invierno superó los dos millones. En la foto, habitantes de Santa Lucía, Atlántico, trasladan lo poco que recuperaron de sus viviendas cubiertas el agua del Canal del Dique. | Foto: FOTO: EFE.

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Procuraduría abrió indagación preliminar a 808 alcaldes por invierno

Según el ente de control, estas regiones no cumplen las normas de atención y prevención de emergencias. Se busca establecer si hubo negligencia en sus gestiones para evitar los estragos del invierno en sus regiones.

17 de diciembre de 2010

Ante la dimensión de la emergencia que causa el invierno en Colombia, y que ya deja 2’121.894 damnificados, la Procuraduría General de la Nación anunció que 808 alcaldes del país fueron llamados a indagación preliminar para que expliquen por qué sus municipios no cumplen las normas de atención y prevención de desastres.

Estos municipios, según Carlos Augusto Mesa, procurador delegado de descentralización y entidades territoriales, no cuentan con comités locales ni regionales de prevención de emergencias, conocidos como Clopad y Cropad, aún cuando es una obligación desde 1989, cuando se emitió el decreto 919 que da vida a todo el sistema de emergencia del país, tras la tragedia de Armero en 1985.

Con el gran impacto que ha tenido la época de lluvias, la Procuraduría hizo un paneo para conocer qué tan preparados estaban los municipios para enfrentar estas emergencias y la conclusión es que los avances son “precarios”.

Para la Procuraduría, la ausencia o la deficiencia de los sistemas de emergencia en el país se concentran en donde hay más “debilidad institucional y menos presencia del Estado”, que coinciden con los departamentos con más personas damnificadas por inundaciones y deslizamientos este año como Bolívar, Atlántico, Chocó y Magdalena.

“Hay investigaciones en Sucre, Córdoba, Magdalena y Atlántico, donde aparentemente se hicieron inversiones que buscaban prevenir comportamientos inadecuados de los cuerpos de agua, pero no fueron las adecuadas”, aseguró el procurador delegado Carlos Augusto Mesa.

La etapa de indagación preliminar ya comenzó y según Mesa, “el país verá el año entrante los recursos que lamentablemente se gastaron supuestamente para prevenir las olas invernales y que hoy ante la emergencia es evidente que con cumplieron su cometido”.

Aunque no entrega detalles sobre las investigaciones, el procurador delegado sí confirmó que hay una investigación formal abierta en Sucre por el aparente mal manejo contractual en obras de la canalización de cuerpos de agua.

Las indagaciones preliminares a los 808 alcaldes se suman a las de los gobernadores del Atlántico, Bolívar y Magdalena, anunciadas el lunes de esta semana por la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, quien aseguró que estos funcionarios deberán explicar por qué no se tomaron las medidas suficientes para evitar los estragos del invierno.

También se abrieron indagaciones preliminares a varias Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, en especial de las regiones más afectadas por las lluvias.

Algunas razones

Aunque en esta etapa preliminar se busca establecer la responsabilidad de los alcaldes, para la Procuraduría existen otros problemas que hacen que el sistema de emergencias en las regiones no sea el ideal. El presupuesto es uno de ellos.

Para Mesa, la estructura presupuestal que tiene el país para las entidades territoriales es “bastante rígida”, por eso plantea que el Sistema General de Participaciones (SGP) debería ajustarse a las realidades y diferencias climáticas y culturales de las regiones.

“Nadie discute que hay un problema (de desabastecimiento) de agua en La Guajira, pero allí manejan el mismo porcentaje (de recursos) en agua que se manejan en cualquier otra región como Chocó, donde abunda; o Santander o Boyacá”, asegura Carlos Augusto Mesa.

Una parte de los recursos que reciben los municipios del SGP es de libre disposición y de allí sale el dinero para la atención de prevención y atención de desastres, sumados a los recursos propios que invierta el municipio.

Por ley, también debe destinarse dinero para fortalecer los cuerpos de bomberos de las regiones y la inversión “en realidad es bastante precaria”, según el procurador delegado. “Son pocos los que aportan salvo cinco o seis capitales de departamentos que hacen grandes inversiones como Bogotá, Barranquilla y Cali”, agregó.

El desconocimiento de los funcionarios de la importancia de crear y hacer sostenibles los Clopad y Crepad es otro obstáculo. “Hay mucha rotación del funcionario territorial. Cada año están cambiando y todo el esfuerzo de capacitación se pierde. No podemos seguir con una gestión territorial tan efímera e inestable”.