Sergio Fajardo sale airoso de investigación en la Procuraduría

Aunque estuvo en el ojo del huracán durante varios meses por la concesión de un contrato minero que le fue otorgado al marido de una exfuncionaria de su administración, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo salió airoso de la investigación que en su contra abrió la Procuraduría.

El organismo de control lo absolvió de la causa disciplinaria, que abrió el año pasado, por la adjudicación de un título para la explotación del subsuelo que otorgó la Gobiernación bajo su cargo a Manuel Antonio Mesa, esposo de la exsecretaria de Participación Ciudadana de Antioquia Beatriz White.

Por los mismos hechos, la Procuraduría suspendió durante cuatro meses a la  exdirectora de Titulación Minera departamental Melissa Álvarez y por seis meses a la secretaria de Minas Cecilia Cadavid.

La historia comenzó en 1999 cuando White halló en un predio suyo, del municipio de Santa Rosa de Osos, una veta de material que se propuso explotar comercialmente. A partir de ese momento, según la exfuncionaria, iniciaron los trámites para la expedición del título minero.

Lo sospechoso del caso es que la protocolización de los documentos que acreditaban el derecho de explotación de los terrenos, que quedaron a nombre del esposo de White, sólo se concretó cuando Fajardo ya era gobernador.

De ahí que el 19 de marzo del 2015 la Procuraduría dictara pliego de cargos al entonces gobernador, a la directora de Minas Cecilia Cadavid y la directora de Titulación de Minas, Melissa Álvarez Licona.

En su momento, Fajardo dijo que el esposo de White empezó el proceso de legalización de su mina en 2003 “e hizo todo lo que la ley le exigió, su contrato pasó los exámenes, terminó todos los trámites en el 2011, en la administración anterior, y para cumplirle con su derecho adquirido, mi obligación era firmar el contrato. No tengo la menor duda de que hice lo correcto”.

La concesión minera, firmada el 26 de julio del 2012, comprende la explotación de la cantera para la extracción de arena y grava, durante los próximos 30 años.

A pesar de la tormenta política que desató la apertura de la investigación, la Procuraduría admitió que existen dudas de que el gobernador hubiese tenido la oportunidad de advertir el error en el que estaba incurriendo con el otorgamiento del título a un allegado de uno de sus colaboradores. Por eso la absolución.