| 2016/07/11 12:09

Mindefensa contra las cuerdas por presencia de las FARC en Conejo

La Procuraduría les formuló pliego de cargos a Luis Carlos Villegas y a los directores de las Fuerzas Armadas y el Ejército, por haber permitido la presencia de personal armado de la guerrilla en ese corregimiento de La Guajira.

Mindefensa contra las cuerdas por presencia de las FARC en Conejo Foto: Guillermo Torres / Javier Casella

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quedará al filo de la navaja del poder disciplinario de la Procuraduría, luego de que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, les formule pliego de cargos a él y los dircetores de las Fuerzas Armadas y el Ejército por haber permitido la presencia de personal armado de las FARC en La Guajira.

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El Ministerio Público les formuló pliego de cargos al jefe de la cartera; al comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán y al comandante general del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía Ferrero.

La decisión también cobija al comandante de la Primera División, general Jorge Enrique Navarrete Jadet y al comandante de la Décima Brigada, general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez.

El 18 de febrero pasado las redes sociales estuvieron llenas de fotografías de integrantes del secretariado de las FARC acompañados de subalternos armados, estaban mezclados con la población civil en un corregimiento de La Guajira.

La evidencia de que el grupo armado estuvo en la región sin la presencia de la fuerza pública generó airadas reacciones de la oposición y de la Procuraduría. Unos y otros reclamaron saber quién es el responsable de que las FARC hubiesen hecho presencia en la zona sin restricción alguna.

Horas después el jefe el equipo negociador, Humberto de la Calle, admitió que el Gobierno había autorizado a los jefes guerrilleros a trasladarse al país para liderar tareas pedagógicas del proceso de paz en diálogo con sus tropas armadas. Sin embargo, denunció que los insurgentes violaron ese voto de confianza al ejercer actividades de proselitismo político a los lugares que fueron trasladadas. La situación se puso tan dramática, que el presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender los permisos para seguir adelantando esas actividades y lanzó un ultimátum a las FARC.

Desde el principio, el procurador Ordóñez efectuó las críticas más agudas. Para él, existía la sospecha de que la presencia de las FARC en esa zona había sido precedida por órdenes de despeje como las que impartieron en San Vicente del Caguán, donde el gobierno del expresidente Andrés Pastrana buscó concretar una salida negociada al conflicto armado. De ahí la decisión de la entidad de dictar pliego de cargos.

La medida de la entidad busca establecer si el jefe de la cartera de Defensa impartió directrices para ordenar un despeje de la zona. Es decir, si hubo una actitud deliberada para que la fuerza pública abandonara el lugar donde estuvieron presentes ‘Iván Márquez‘, ‘Joaquín Gómez‘ y ‘Jesús Santrich‘.

Por eso, el organismo de control disciplinario pretende establecer si el Ejército y la Policía cometieron una falta por haber abandonado la zona de Conejo donde tuvo lugar la reunión de integrantes de las FARC con la población civil, en desconocimiento de la Ley 418 de 1997 (artículo 8), que impide expresamente el despeje.

Además, para establecer las probables consecuencias negativas de la salida de las autoridades policivas y militares de esos territorios, busca determinar si hubo otras conductas dolosas o de culpa grave que llevaron a que la población fuera víctima de abusos u hostigamientos de parte del personal de la guerrilla.

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