Procuraduría acusa a nueve militares de asesinato

Nueve militares, entre ellos un teniente coronel en retiro, fueron acusados por la Procuraduría por el asesinato a mediados del 2008 de un civil al que mentirosamente reportaron como un guerrillero muerto en combate, informó este jueves el abogado de la víctima.
 
La decisión recayó en el teniente coronel retirado Álvaro Tamayo Hoyos, el sargento Orlando Burgos y siete soldados profesionales quienes con el asesinato de Ismael Quintero Díaz habrían incurrido en un delito de lesa humanidad, explicó en un comunicado Jorge Molano, abogado de los familiares de la víctima.
 
Los hechos sucedieron en julio del 2008 en zona rural del municipio de Bucarasica, Norte de Santander, cuando un hombre abordó a Quintero "con falsas promesas de trabajo y posteriormente lo entregó a los militares" para que lo asesinaran, según el abogado.
 
El cadáver de Quintero apareció en mayo del 2009 en la morgue del municipio de Ocaña, descrito por los militares como un integrante del frente 33 de las FARC muerto en combate.
 
Sin embargo, "las pruebas recolectadas durante la investigación disciplinaria le permitieron a la Procuraduría llegar a la conclusión de que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley", agregó Molano en el comunicado enviado a los medios de comunicación.
 
"Por lo tanto -para la Procuraduría-, la conducta de los militares acusados constituye un crimen de lesa humanidad", agregó.
 
Tamayo también está vinculado penalmente al asesinato, en marzo del 2008, de Julián Oviedo Monroy, un hombre de Soacha que fue engañado con falsas promesas de trabajo y cuyo cuerpo sin vida apareció meses después en el noreste del país. Otros 10 hombres de Soacha corrieron la misma suerte de Oviedo.
 
Incluido Tamayo, 54 militares están vinculados al caso de los 11 muertos de Soacha.
Tamayo actualmente goza de libertad provisional hasta tanto se emita sentencia sobre el caso de Oviedo. La denuncia de los asesinatos de los hombres de Soacha, surgida a fines del 2008, desembocó en uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas: el reclutamiento forzado de civiles y su posterior asesinato para presentarlos como bajas en enfrentamientos y así mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados irregulares, según la Fiscalía.
 
Desde fines del 2008, la Fiscalía ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas habrían sido víctimas de esta práctica conocida como "falsos positivos". Según datos de la Fiscalía, hasta inicios del 2010 -las cifras oficiales más recientes- 368 militares habían sido condenados por casos de ejecuciones y por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales.
 
AP