Procuraduría ahora tercia en sanción a azucareros

La Procuraduría hizo eco del auxilio que pidieron los ingenios azucareros sancionados por supuesta competencia desleal. En una carta que le hizo llegar al superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, el organismo de control le pidió ofrecer garantías para los procesados.

Lo hizo a través de una misiva firmada por la delegada del Ministerio Público para la Función Pública, Fanny González. En el escrito, le hizo un llamado al organismo de vigilancia para que garantice el debido proceso a estas empresas.

En ese sentido, le hizo saber que las pruebas que se practiquen en desarrollo de ese proceso administrativo, deben tener una justificación legal. Como quien dice, no pueden ser producto del capricho de los funcionarios a cargo de las diversas actuaciones.

Para la procuradora, un proceso transparente y libre de sospechas debe estar acompañado únicamente de pruebas legalmente recaudadas. Además, eso significa que las partes deben tener la oportunidad de defenderse de las evidencias que apunten a que se demuestre su responsabilidad administrativa.

Finalmente, le pidió a la Superintendencia que la ponga al corriente de las decisiones que ha tomado en el curso de esta actuación, para verificar si se han cumplido o no sus exigencias de respeto al debido proceso administrativo.

El organismo de control inicia así el proceso de vigilancia y acompañamiento preventivos que ordenó adelantar el jefe de la entidad Alejandro Ordóñez la semana pasada. Esto a raíz de la multa de 320.000 millones que le impuso la Superintendencia a Asocañas y a 14 ingenios.

Aun cuando esta comunicación no ponga sobre la mesa alguna irregularidad o sospecha sobre la actuación del organismo de vigilancia, la celeridad con la que intervino la Procuraduría sí enciende las alertas de lo que en el futuro puede ocurrir. La presión que han ejercido empresarios, sectores de opinión y miembros de los partidos empieza a trazar lo que será un camino tortuoso y difícil de recorrer para el superintendente Robledo.

Lo que sigue es esperar a la respuesta que dé la SIC al recurso de reposición y, eventualmente, un nuevo litigio ante el Consejo de Estado. Esto, porque si el organismo de vigilancia ratifica la sanción, los afectados podrán interponer una demanda ante el máximo tribunal contencioso, que pondría el punto final al asunto.