Miércoles, 1 de octubre de 2014

| 2013/01/25 00:00

Procuraduría, alerta en caso de bebé raptada

El Ministerio Público también intervendrá en la indagación contra el padre de la menor.

Liliana Castillo Borja, confesa secuestradora de Brigitte. Foto: Cortesía CEET

Este viernes, la Procuraduría General de la Nación anunció que pondrá la lupa en las investigaciones que se abrieron tras el secuestro de Alison Brigite, la bebé de 17 días de nacida raptada en el sur de Bogotá.

El ente disciplinario integró dos agencias especiales para que intervengan en el caso, en los procesos que se siguen contra la mujer que raptó a la niña, Liliana Marcela Castillo, de 23 años de edad, y el padre de la menor, Jhon Franco, denunciado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por acceso carnal abusivo en menor de 14 años.

Con la vigilancia en el caso, la Procuraduría busca, según indicó, "garantizar el debido proceso y la defensa de los derechos fundamentales afectados".

Castillo, procesada por el secuestro de la menor, aceptó los cargos ante el juez 31 de garantías. Por su parte, contra Franco, el padre de la menor de edad, avanza una investigación en la Fiscalía 368 Seccional.

Los agentes enviados por el organismo deberán presentar informes periodicos sobre las actuaciones y el estado de las investigaciones.

El caso de Jhon Franco

El ICBF denunció A Jhon Franco por acceso carnal abusivo en menor de 14 años, delito que tiene una pena de entre 12 y 20 años de cárcel. A pesar de que la relación sexual fue consentida y hoy viven juntos y se aman, la ley es clara en que cualquier relación con una menor de 14 años es un delito.

El problema que tiene Jhon Franco, el papá de Alison, es que está prácticamente condenado. Y lo increíble de su caso es que aun si le dan la pena mínima, pasaría 12 años reales en la cárcel, sin posibilidad de rebajas ni beneficios. Colombia tiene un sistema legal muy fuerte de protección de la infancia y, como explica el director del ICBF, Diego Molano, “con o sin consentimiento del niño o la niña, tener relaciones sexuales con un menor de 14 años es un delito muy grave”.

Por eso, poco importa el argumento que el mismo Franco esgrime de que “el 90 por ciento de los hombres no responde por sus hijos, mientras yo he puesto la cara”, ni el amor que expresa Katherine, la mamá de la bebé, por él. La Corte Constitucional ha dicho que los menores no tienen capacidad de “comprender ni valorar el acto sexual” y que por eso “la ley los protege, aún de su propia decisión”. Como no hay mayor prueba de una relación sexual que un embarazo, la condena a Franco, con solo probar que concuerden las fechas, es segura.

La pregunta no es entonces si Franco cometió un delito, sino si merece ese castigo. El hecho de que hoy no haya forma de que pase menos de 12 años en la cárcel se debe a lo que los juristas llaman “populismo punitivo”. Con motivo del escándalo que promovió el caso del violador en serie Luis Alfredo Garavito, quien asesinó y violó a más de 100 niños, se generó una reacción en la opinión pública que pedía penas de prisión perpetua en las calles y la cual desembocó en una legislación que podía ser considerada excesiva o por lo menos sin salida.

El afán de proteger a la niñez hizo que no se diferencie entre violación y relación, y si bien con un menor de 14 años ambas podrían ser consideradas delito, las penas no pueden ser parecidas. El origen de este exabrupto es que por cuenta de la ola de indignación del caso Garavito se eliminaron los beneficios que permitían al Estado dar un trato diferenciado en cada caso.

Antes existía la posibilidad de rebajas o principio de oportunidad, pero estos fueron eliminados del Código de la Infancia y de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahora se pasó a un todo o nada que es el que tiene al papá de 27 años, a quien el alcalde Gustavo Petro describió como “un hombre juicioso y responsable”, contra la pared, mientras la secuestradora está libre.

Para muchos juristas la consecuencia de esa rigidez es el efecto contrario a lo que pretende la ley: proteger el interés del menor. “Al quitar todos los beneficios lo que tenemos hoy es una niña de 14 años, sin medios de subsistencia, con la responsabilidad de criar a un bebé que queda prácticamente huérfano”, dice el exvicefiscal Wilson Martínez. Por eso, la experta en derechos de infancia, Beatriz Linares, propuso que se consideren sanciones para casos como el de Franco que no sean privativas de la libertad.

Nadie duda que el abuso sexual con niños y niñas sea un delito atroz, ni que el embarazo adolescente sea una problemática apremiante que perpetúa la pobreza en muchas mujeres. Como denunció el director del ICBF, el 85 por ciento de los delitos sexuales en el país son contra niños y niñas, con cerca de 11.000 denuncias anuales, muchos de ellos víctimas de sus propias familias y al año casi 6.000 menores de 14 años asumen la responsabilidad de cuidar un hijo cuando lo que deberían hacer es ir al colegio. Pero de ahí a que John Franco tenga que pasar 12 años en la cárcel por un amor prohibido hay mucho trecho. Así como lo de Garavito produjo una masiva ola de rechazo en el pasado, es previsible que una pena tan excesiva a Franco pueda producir algo similar, pero a favor de él.

Liliana Marcela, libre

En la audiencia en la que le formularon cargos a Liliana Marcela Castillo por el rapto, el juez 31 de control de garantías sorprendió al conceder la libertad a la mujer, al considerar que la joven de 23 años no es un "peligro para la comunidad".  

Aunque el juez admitió que se trata de una decisión polémica, la dejó libre, ya que, según su argumento: “No basta con decir que la señora Liliana Marcela Castillo Borja es un peligro para la comunidad, básicamente porque habría que asumir que (…) es capaz de cometer nuevamente una conducta similar. De acuerdo con lo que se ha dicho aquí, esta persona, para llegar a cometer esa conducta, pasó por un proceso sicológico y personal que la llevó a cometer (el hecho). No es un acto de todos los días”.

Su familia ha dicho que la joven perdió un bebé en el mes de septiembre del 2012. Desde esa época su estado de ánimo cambió, lo que la llevó a cometer el delito. Así lo sustentó su abogado defensor en la audiencia.

Tras varias horas de audiencia, la mujer aceptó el cargo de secuestro simple agravado que le imputó un fiscal de la Unidad Nacional Antisecuestro.

El juez además tuvo en cuenta que Liliana Marcela no tenía antecedentes penales y que no se trató de un secuestro extorsivo.

De inmediato el fiscal del caso anunció que apelará la decisión proferida por el juez de control de garantías, pues considera que este es un delito grave. La libertad de Liliana no ha escapado a las críticas por tratarse de un secuestro, delito que en el país tiene altas penas.  

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×