Le llegó la hora al gobernador de La Guajira

La justicia logró tocar a un mandatario que parecía blindado jurídicamente. Se trata del actual gobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez. El Ministerio Público puso lupa en sus actuaciones y encontró que al parecer ha violado el régimen de contratación estatal, por lo que formuló pliego de cargos.

La audiencia está prevista para el próximo miércoles 30 de octubre. Ese día ‘Kiko’ Gómez tendrá que responder por cinco faltas disciplinarias que le endilgó la Procuraduría. Esto luego de que evidenció posibles irregularidades en la planificación y la ejecución de jugosos contratos para el departamento.

Para la Procuraduría ‘Kiko Gómez ’ habría asignado puntajes a ciertos oferentes en contra del ordenamiento legal, por circunstancias tales como pertenencia a la región y visitas obligatorias.

El primer y el segundo cargos se relacionan con el visto bueno en la adjudicación de la licitación pública para la “construcción de la primera etapa de las vías priorizadas en el plan vial del departamento de La Guajira”. Esto por un valor de 49.403 millones de pesos, con una unión temporal que no cumplía los requisitos señalados en el pliego de condiciones que rigió el proceso contractual”, precisa el fallo.

En otro de los cargos se le relaciona con la apertura de la licitación pública para la “contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada permanente con armas de fuego en los bienes muebles e inmuebles y las personas de la administración departamental y entes adscritos al departamento de La Guajira”, habiéndose asignado en el proceso una puntuación adicional al proponente que acreditara tener el domicilio principal o sucursal en la ciudad de Riohacha, sin que aparentemente dicho puntaje se encontrara legalmente justificado.

Pero los cargos en contra del funcionario no quedan allí. El cuarto y el quinto están relacionados con licitaciones para la pavimentación vías en el municipio de Fonseca, en La Guajira. Al igual que por el desconocimiento de los regímenes de contratación estatal.

Estas faltas fueron calificadas como gravísimas a titulo de culpa, por lo cual su sanción disciplinaria rondaría entre cinco y 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.