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| 1/31/2012 12:00:00 AM

Procuraduría descalifica fallo que condenó a Plazas Vega

El Ministerio Público anunció que demandará la sentencia proferida por el Tribunal Superior Penal de Bogotá. Señala que el delito de desaparición forzada no existía para la época de los hechos del Palacio de Justicia.

La Procuraduría General anunció que interpondrá demanda de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Penal de Bogotá contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en noviembre de 1985.

El Ministerio Público considera que el Tribunal erró gravemente al condenar al coronel Plazas Vega con ausencia de certeza para hacerlo, especialmente en lo referente a los requisitos planteados para la atribución del delito de desaparición forzada, en cuanto al dolo y la acción.

En concepto de la Procuraduría, la sentencia vulnera de manera grave el principio fundamental de nullum crimen sine lege, porque este delito, al momento de la ocurrencia de los hechos, no estaba consagrado en el ordenamiento jurídico interno.

Así mismo, advierte la Procuraduría, a través de un comunicado, que dicha sentencia vulnera el principio de in dubio pro reo porque no obstante las dudas razonadas que ofrecen las pruebas, se dedujo la culpabilidad del Coronel en retiro.

El Ministerio Público observa que el Tribunal se apartó de las pautas de vigencia y competencia que edifican la aplicación e interpretación del Estatuto de Roma y sus reglas de complementariedad y subsidiariedad, conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-578, cuando en el cuerpo de la decisión solicita que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ordene la apertura de una investigación contra el ex Presidente Belisario Betancur.

Sobre el particular recordó que la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República ejerció su función de administrar justicia y advirtió que el Tribunal erró la instancia de segundo grado en esta consideración al olvidar que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre hechos ocurridos en Colombia antes del año 2002, fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma para el Estado en materia de Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, y a partir del 2009 para los Crímenes de Guerra, desfase de 26 años en la invocación normativa.

En cuanto a la exigencia de que las Fuerzas Militares de Colombia ofrezcan disculpas a la sociedad por los mencionados hechos, el Ministerio Público advierte que la exhortación no está incluida en la parte resolutiva de la sentencia y que el proceso penal es de naturaleza inter partes bajo los principios insoslayables de la responsabilidad individual y se ajusta con rigor al principio de legalidad de las penas que solo son predicables respecto de quien ha sido vencido en juicio. 

El Ministerio Público advierte con preocupación los yerros jurídicos y procedimentales visibles en la decisión judicial, motivo por el cual anuncia que, en defensa del orden jurídico y de la defensa de los derechos y garantías fundamentales, se procederá a instaurar la demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Penal- en el fallo condenatorio proferido contra el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
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