16 noviembre 2012

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Procuraduría destituye militares por muerte de dos civiles en falso combate

JUDICIALEn fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación destituyó a seis militares por las ejecuciones extrajudiciales de dos campesinos del municipio de Aquitania en Boyacá.

Procuraduría destituye militares por muerte de dos civiles en falso combate. Los militares pueden apelar el fallo.

Los militares pueden apelar el fallo.

Foto: ArchivoSEMANA

La Procuraduría General de la Nación destituyó este viernes, en fallo de primera instancia, a un sargento, un subintendente, un cabo y tres soldados profesionales por la muerte de dos campesinos en medio de un combate que nunca existió. Los militares fueron, además, inhabilitados por 20 años para ejercer cualquier cargo público.

Los militares implicados son el, entonces, subteniente Didier Fernando Irira Bonilla; el sargento viceprimero James Arenas; el cabo primero José Fernando Pedraza Villa, y los soldados profesionales José Alberto Romero Siempira, Mauricio Cárdenas González y Leonardo Fabio Hernández Gachogoque.

Las muertes de los dos civiles se produjeron durante el desarrollo de la operación ‘Anaconda’ en el municipio de Aquitania, 100 kilómetros al oriente de la capital de Boyacá, que tenía por objetivo disminuir la capacidad de lucha, minimizar y contrarrestar a las milicias del Frente 38 y 56 de las FARC y bacrim que delinquían en la en la zona.

En desarrollo de la investigación, el órgano de control desvirtuó la existencia de un enfrentamiento armado como lo manifestaron inicialmente los uniformados y declaró que la muerte de los ciudadanos fue arbitraria, contraria a los deberes de protección a la vida que debe garantizar la Fuerza Pública.

El Ministerio Público concluyó que los uniformados violaron el Derecho Internacional Humanitario al realizar actos que culminaron con la muerte de dos civiles que no se encontraban participando directamente en las hostilidades propias del conflicto armado.

Los condenados pueden presentar un recurso de apelación contra la determinación disciplinaria de la Procuraduría.


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