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| 6/15/2013 12:00:00 AM

Procuraduría enreda al presidente de Colpensiones

Pedro Nel Ospina afrontará la próxima semana un juicio disciplinario por incumplimiento a fallos judiciales.

No paran los numerosos cuestionamientos al presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina. Este semestre el Congreso de la República lo ha citado varias a responder por la “ineficacia” de esta entidad, encargada de administrar el régimen de prima media (en reemplazo del Instituto de Seguro Social), y la Contraloría ha informado también de presuntas irregularidades para que los afiliados tengan acceso a sus pensiones.

Ahora la Procuraduría lo tiene bajo su lupa por su presunta responsabilidad en una grave falta disciplinaria. Incumplir sentencias judiciales. Por eso el pasado 13 de junio le elevó cargos a Ospina quien deberá afrontar un juicio disciplinario por estas presuntas irregularidades al frente de Colpensiones.

Cerca de 900 informes de juzgados y un centenar de quejas interpuestas por ciudadanos, alertaron a la Procuraduría de una presunta irregularidad en Colpensiones: el incumplimiento sistemático de acciones de tutela relacionadas con el trámite, reconocimiento y pago de prestaciones económicas de sus afiliados.
Tras tres meses de investigación, la Procuraduría comprobó que Colpensiones, que aún no cumple su primer año de funcionamiento, ha incumplido 213 fallos judiciales, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos que recurrieron a la tutela.

Y la Procuraduría responsabiliza directamente al presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina Santamaría, porque “no vigiló ni controló” que el servidor encargado de cumplirlas, lo hiciera de forma oportuna.
Pedro Nel Ospina delegó en Isabel Cristina Martínez, gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones, la función de darle cumplimiento a estos fallos judiciales. Sin embargo, para la Procuraduría, la responsabilidad del presidente de Colpensiones “no se encuentra agotada con la expedición del acto administrativo de delegación”, puesto que sobre él recae “una obligación de dirección y control de la actuación administrativa institucional”.

De los 213 fallos de tutela, la Procuraduría constató que 168 casos no tuvieron respuesta y los restantes 45 tuvieron respuesta de forma extemporánea: 79 días después de proferida la sentencia, cuando la ley colombiana obliga dicho cumplimiento en 48 horas. Ospina “estaba obligado en su condición de Presidente de Colpensiones a dar cumplimiento a estas sentencias”. Por eso decidió elevarle cargos por incumplimiento de fallos judiciales. La decisión disciplinaria también afecta Isabel Cristina Martínez, gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones.

En el pliego de cargos, elevado el 13 de junio, la procuraduría considera que Ospina habría incurrido en una falta disciplinaria grave tras comprobar que el presidente de Colpensiones no actuó con diligencia en el desempeño de sus funciones.

Pero además, en la investigación adelantada por la Procuraduría, se descubrieron decisiones administrativas en Colpensiones que condujeron a “perturbar" el proceso de notificación personal de las decisiones judiciales.
Según el expediente disciplinario funcionarios de los despachos judiciales le aseguraron a la Procuraduría los numerosos inconvenientes para notificar de las decisiones judiciales a Colpensiones.

Por ejemplo, uno de los testimonios recaudados, el de Yenny Andrea Barrios, coordinadora de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá manifestó que desde el inicio de operaciones de Colpensiones se presentó ese problema, pero que se agudizó desde enero de este año. “Inicialmente ellos recibían los documentos y eran devueltos quince, veinte o hasta un mes, otros nunca fueron devueltos, los que devolvían venían con la firma de la persona competente, a partir de enero decidieron no volver a notificarse personalmente, posteriormente enviaron un documentos a todos los juzgados donde manifestaban que se entendían notificados con la imposición del rótulo de COLPENSIONES".

La Procuraduría también señala que Pedro Nel Ospina, quien hacía parte de la junta directiva del ISS, le certificó a la Superintendencia Financiera de Colombia el 21 de septiembre del 2012 que Colpensiones “se encuentra en capacidad administrativa, operativa, técnica y jurídica para el inicio de operaciones a partir de esa fecha”.
Si Ospina aseguró eso, dice la Procuraduría, es “porque conocía y entendía su capacidad para ejercer y controlar toda la actividad a desarrollar por parte de cada una de las dependencias de la entidad, circunstancia que refuerza el conocimiento que tenía sobre la obligación de cumplir con los fallos de tutela”.

Ospina, y su gerente nacional de reconocimiento, tendrán que comparecer a una audiencia en la Procuraduría el próximo 26 de junio donde deberán defenderse de los cargos que para la Procuraduría constituyen faltas gravísimas.
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