Martes, 21 de febrero de 2017

| 2016/02/08 13:12

Piden más castigo para responsable de la muerte de 33 niños en Fundación

La Procuraduría interpuso una acción de tutela que busca tumbar el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y el conductor del bus que estalló en mayo del 2014, causa de esta tragedia.

El Ministerio Público le pidió ala Corte Suprema que deje sin efectos el preacuerdo al que llegó el conductor con la Fiscalía para aceptar cargos.

La escalofriante tragedia que vivieron 33 niños de Fundación (Magdalena) que murieron incinerados dentro del inseguro bus que los transportaba, vuelve a ser noticia. Esta vez por cuenta de la Procuraduría, que pidió un castigo más severo para el responsable.

El Ministerio Público presentó una acción de tutela en la que busca que Jaime Gutiérrez Pino, conductor del vehículo que se incendió al suministrársele combustible de una manera insegura, sea condenado como autor doloso, y no culposo, de estos homicidios.

En palabras sencillas, el Ministerio Público cree que no se puede descartar del todo que se trate de una conducta intencionada, puesto que era posible prever este final trágico: el automotor era a todas luces inseguro puesto que estaba en un lamentable estado mecánico y, encima, de manera irresponsable intentaron encenderlo inyectando gasolina directamente en el motor, lo que inició la conflagración.

A todo esto se suma que dentro del vehículo se transportaba una caneca llena de combustible, aparentemente de contrabando, que estalló con el saldo lamentable de 33 menores muertos en ese trágico domingo de mayo del 2015.

Los señalamientos contra la persona encargada de conducir el automotor crecieron cuando medios de comunicación informaron que ni siquiera tenía licencia de conducción vigente y debía más de 400.000 pesos en infracciones de tránsito.

Ninguna de estas últimas aseveraciones fue confirmada por la Justicia. De hecho, Pino llegó a un preacuerdo para aceptar su responsabilidad en estos hechos antes del juicio. El pacto suponía que el conductor se declararía culpable de homicidio, pero en calidad de culpa. Eso significaba que no se le imputaría ningún grado de intencionalidad en la ocurrencia de los hechos.

Un juez de Ciénaga (Magdalena) desaprobó el pacto de aceptación anticipada de los cargos. Lo hizo por considerar que al procesado se le debía imputar homicidio doloso.

La decisión fue revocada en segunda instancia. El Tribunal Superior de Magdalena consideró que era viable que al procesado se le condenara bajo esos parámetros, al concluir que no hubo ninguna actuación deliberada ni intencionada para provocar la tragedia.

La Procuraduría, inconforme con esta concepción, interpuso una acción de tutela en contra de esa determinación. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que el conductor debe ser responsabilizado de la conducta pero en grado de dolo, como era la intención inicial de la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, una condena basada en esa percepción respecto a lo ocurrido no concuerda con la verdadera gravedad de los hechos, en los que 33 familias debieron llorar a sus pequeños por la falta de cuidado que tuvo el responsable de la conducción de este bus.

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