Procuraduría exige medidas frente a cierre de la Universidad de la Fiscalía

La Procuraduría se unió a las voces de alarma de estudiantes y medios de comunicación respecto a la crisis presupuestal de la Universidad de la Fiscalía. Por eso, pidió la intervención del jefe del organismo investigador, Eduardo Montealegre, que convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo.

El objetivo, dice, es que se ponga a consideración el déficit presupuestal que enfrenta esta institución educativa. La universidad, que ha tenido una ‘muerte lenta’, era uno de los proyectos más ambiciosos del fiscal.

Luego de que el Ministerio de Hacienda anunció un recorte presupuestal para el sostenimiento de la universidad, se inició una intensa polémica sobre el modelo de gestión, la administración del plantel y las actuaciones de sus funcionarios.

Así lo dejó en evidencia Semana.com cuando reveló una pugna entre el fiscal general y el rector César Solanilla. Las cosas llegaron a tal punto que la Fiscalía realizó un allanamiento a la universidad por un supuesto caso de plagio supuestamente realizado por el asesor de la Secretaría de la Universidad, Fabián Mariño.

“Sin recursos, el próximo 19 de diciembre no sólo se terminarán las clases, sino que podría entrar en proceso de liquidación. Al no existir presupuesto, la universidad es inviable, lo que afecta tanto el derecho de trabajadores como el de estudiantes”, denunció Solanilla en su momento a este portal.

El fiscal Eduardo Montealegre le salió al paso a esa sentencia de Solanilla y propuso cambiar la naturaleza a la institución universitaria para que, a través de un proyecto de ley, pase a ser una escuela de altos estudios. Lo que no dijo el jefe del ente acusador es que esta propuesta sería el fin del proyecto educativo. Así lo reveló este portal con la Resolución 02889, firmada el pasado 11 de noviembre por él mismo.

En ella se establece la creación del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía, adscrito al departamento de Apoyo a la Gestión, que tendrá como funciones: identificar las necesidades de capacitación de la Fiscalía, desarrollar programas de educación, adelantar investigaciones académicas, combinar alianzas con centros educativos nacionales e internacionales, entre otras funciones que venía cumpliendo la Universidad.

Después de las denuncias de Semana.com, tanto los estudiantes como los medios de comunicación empezaron a expresar su preocupación por la suerte que tendrían los diferentes programas académicos. Igual preocupación generó la inversión de unos 31.000 millones de pesos de inversiones que se dieron entre el 2014 y el 2015.

Vigilancia del Ministerio Público

La Procuraduría no fue ajena a estos temores. Inició un proceso de vigilancia preventiva y ahora pide el concurso de Eduardo Montealegre, no sólo por ser el fiscal general, sino por ser la cabeza del consejo directivo de la Universidad.

A juicio del organismo de control, urge discutir qué hacer frente a esta institución educativa. Por eso su afán de que se convoque a la mayor brevedad el Consejo Directivo para dar una solución definitiva a la crisis.

Finalmente, pidió el Ministerio Público que el oficio de esta actuación de vigilancia preventiva sea publicado a través de Internet. Su mayor interés, dice, es velar por la transparencia de este proceso, que podría afectar a centenares de estudiantes y el patrimonio de la Nación.