Procuraduría exige la práctica de la inspección judicial en caso del ex Gobernador del Valle del Cauca

La Procuraduría General de la Nación salió hoy en defensa de sus derechos y con el fin de evitar perjuicios irremediables al interés público, le exigió a la Magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Disciplinaria, realizar la inspección judicial decretada mediante auto del pasado 15 de junio de 2010.

La anterior solicitud obedece al hecho de que hasta la presente, el Despacho a su cargo no ha practicado la prueba ni dispuesto fecha para la misma, a pesar de haber sido decretada y luego de que la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, en escrito del 21 de junio del año en curso le advirtió a la Magistrada que el expediente del proceso disciplinario adelantado contra Juan Carlos Abadía Campo se encontraba a su disposición en dicha Delegada o de considerarlo conveniente, se podría proceder a la remisión de copias del expediente debidamente autenticadas.

El Ministerio Público, en fallos proferidos el 5 y el 25 de mayo de 2010, ordenó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por indebida participación en política.