Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/08/03 08:26

Procuraduría tiene en la mira a hijo de Humberto de la Calle

El Ministerio Público le formuló pliego de cargos a José Miguel de la Calle por una sanción que este le impuso como superintendente de Industria y Comercio a Fedegán.

José Miguel de la Calle Foto: Diana Sánchez / SEMANA

Horas después del nuevo impasse que tuvieron el procurador y el presidente Juan Manuel Santos, por un cuestionario sin respuesta que el primero le envió al segundo, Alejandro Ordóñez dio a conocer una decisión que compromete al hijo del jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle.

La Procuraduría formuló pliego de cargos a José Miguel de la Calle porque considera probable que haya desconocido los derechos de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) al imponerle una sanción en un proceso en el cual actuó como superintendente de Industria y Comercio.

Hace seis años Fedegán estableció que las vacunas para el ganado previstas para el primer ciclo del año no debían contener antígenos importados, una exigencia que no dejó muy contentos a algunos integrantes del gremio.

Por esos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación que terminó en una sanción contra Fedegán y despertó una evidente molestia en su presidente, José Félix Lafourie.

Él mismo interpuso una queja disciplinaria contra el jefe del organismo de vigilancia, que en ese entonces estaba a cargo de José Miguel de la Calle, lo que dio lugar al inicio de una investigación disciplinaria por probable violación al debido proceso en contra de Fedegán.

La Procuraduría encontró que el material probatorio ofrece un alto grado de certeza en torno al hecho de que De la Calle haya desconocido garantías de la entidad sancionada al castigarla por hechos distintos a los referidos al inicio del proceso.

Por eso, el organismo de control disciplinario dictó pliego de cargos contra el exfuncionario, lo que en términos prácticos equivale casi al inicio de un juicio de disciplina contra el exservidor estatal.

Es claro, eso sí, que la decisión nada tiene que ver con el desarrollo del proceso de paz ni con el enfrentamiento que tiene Ordóñez con el Gobierno y sus gestiones en la materia, pero sí despierta suspicacias en los escépticos.

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