Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/08/30 21:18

Procuraduría formuló cargos a militares por 'carrusel de la muerte' en Brigada de Cali

Semana.com conoció el documento en el que el ente investigador pide sancionar por faltas graves a dos coroneles y dos suboficiales implicados en el escándalo del tráfico de armas.

La temida red se descubrió gracias a una investigación que adelantó la Fiscalía y que tuvo su punto de partida el 13 de agosto de 2013. Foto: SEMANA

No paran los efectos legales del escándalo por el temido 'carrusel de la muerte' que desde hace dos años denunció esta revista, en el que se puso al descubierto una penosa red que traficaba las armas incautadas y que debían estar en custodia del armerillo de la Tercera Brigada, con sede en Cali.

La denuncia en su momento causó indignación por cuanto se trataba de una presunta red integrada por militares corruptos que vendían las armas decomisadas a los propios delincuentes para cometer sus fechorías. En un inventario parcial la Fiscalía logró establecer un faltante de por lo menos 500 armas de fuego entre pistolas, revólveres y hasta fusiles, muchas de ellas involucradas en homicidios (Ver nota).

La temida red se descubrió gracias a una investigación que adelantó la Fiscalía y que tuvo su punto de partida el 13 de agosto del 2013, cuando los propios militares sorprendieron a una mujer intentando salir de la Tercera Brigada en Cali llevando en su bolso siete revólveres que debían estar en el depósito de armas (Ver nota).

El proceso judicial desencadenó la captura de cinco personas (dos suboficiales, un exmilitar y dos civiles) por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y peculado por apropiación. Hoy el caso lo adelanta una fiscal especializada de Cali y se sabe que cuatro de los capturados firmaron un preacuerdo.

La sorpresa ahora con la decisión que tomó la Procuraduría el pasado 18 de agosto, a la cual tuvo acceso este portal, es que el caso salpicó a dos reconocidos oficiales y los dos suboficiales a cargo del almacén donde se encontraban las armas.

Los afectados con el pliego de cargos que imputó el ente disciplinario fueron los coroneles Edilson Fernández Sierra y Ricardo Augusto Salcedo Rozo, quienes para la época de los hechos se desempeñaban como comandante y subcomandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate BASCP, número 3.

Fernández Sierra es un destacado militar con una trayectoria superior a los 20 años de servicio y hasta ese momento una intachable hoja de vida. Es profesional en Ciencias Militares, con especialización en Defensa y Seguridad Nacional. Comando y Estado Mayor, con diplomado en Derechos Humanos; se ha desempeñado como oficial en batallones de artillería e infantería y en la dirección de contratación del Ejército.

El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, condecoró a Fernández Sierra con la medalla Alférez Real en el 2013, año del escándalo. Esa es la máxima distinción que esa alcaldía confiere a destacados miembros de las Fuerzas Militares.

En la actualidad los oficiales Fernández Sierra y Salcedo Rozo, a quienes la Procuraduría formuló cargos, estarían desempeñando funciones en la Brigada 27 de Mocoa, Putumayo, y el centro de entrenamiento de la Brigada 6 en Ibagué, Tolima. El abogado José Luis Cuentas, quien representa a los dos oficiales en el proceso disciplinario, dijo que por ahora no hará pronunciamientos por cuanto se trata de una formulación de cargos, “es decir, presuntos hechos”.

De acuerdo con la investigación que adelantó la Procuraduría, los dos oficiales “no tuvieron en cuenta que dentro de sus funciones asignadas al cargo debían llevar un control y una relación de inventario de las armas que se hallaban en el depósito de evidencias y armas incautadas, al igual que debían velar por la seguridad de las mismas y realizar una inspección de las labores desempeñadas diariamente por los suboficiales encargados de esa dependencia”.

Dicho en términos más claros, la Procuraduría encontró en el actuar de los dos oficiales una falta disciplinaria grave a título de culpa; es decir, si bien esos oficiales eran los responsables administrativos del armerillo, no los vincula con los delitos penales que allí se cometieron.

En ese sentido, la responsabilidad penal del escándalo por ahora recae sobre los dos suboficiales, quienes eran los directos encargados de las armas y en la investigación judicial aparecen salpicados.

De ahí que en la investigación disciplinaria la Procuraduría extiende el pliego de cargos a los suboficiales Carlos Andrés Bermúdez Medellín y José Darío Moreno Parra, almacenista y subalmacenista del depósito de armas.

Entre las irregularidades advertidas durante esa investigación, se menciona que esos suboficiales no llevaban adecuadamente libros de entrada y salida de las armas, no cumplían el manual de custodia, no existía un inventario al día, no había un control permanente y todo se encontrarse en completo desorden.

El documento de la Procuraduría trae otra sorpresa. En la formulación de cargos ordena el archivo de la investigación contra otro oficial. Se trata del coronel Ómar Alberto Ruiz Ortiz, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Tercera Brigada, con sede en Cali.

“Observa este despacho a todas luces que el investigado no actuó deliberadamente, puesto que dentro de sus funciones esenciales de su cargo no tenía responsabilidad alguna sobre el depósito de armas”, concluyó el procurador delegado ante las Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto.

Este proceso pasaría inadvertido de no ser porque el problema de las custodias de armas de fuego en las guarniciones militares se está convirtiendo en una verdadera 'papa caliente'.

Hace poco esta revista publicó otra investigación sobre el tema, en la que se evidencia que en la actualidad hay 1.000 armas perdidas y que debían estar bajo custodia en los armerillos de las guarniciones militares. Lo más grave del asunto es que entre ese arsenal extraviado hay desde pistolas, revólveres, fusiles y hasta material explosivo (Ver nota).

Precisamente otro de los recientes escándalos por la pérdida de armas, que también fue denunciado por este medio, ocurrió en el batallón San Mateo de Pereira.

Allí no sólo se descubrió el faltante de 406 armas de fuego, sino que la Fiscalía logró demostrar que muchas de ellas eran vendidas a integrantes de bandas criminales. Ese caso motivó la captura de los dos suboficiales a cargo del armerillo (Ver nota).

Por ahora las investigaciones penales y disciplinarias han demostrado dos cosas: que si bien existe la red criminal dentro de las guarniciones militares, se trata de manzanas podridas, y aunque no hay oficiales de alto rango involucrados en esos delitos, son responsables administrativamente.

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