Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/12/23 22:00

¿Cuál será la suerte de Gustavo Petro como exalcalde?

Aunque para muchos es uno de los precandidatos presidenciales para el 2018, la Procuraduría insistirá en que se ejecute la sanción que lo inhabilita por 15 años.

¿Cuál será la suerte de Gustavo Petro como exalcalde? Foto: Archivo SEMANA

Gustavo Petro llegó al 31 de octubre de 2015 como alcalde de Bogotá. Contra viento y marea, pudo terminar el periodo para el cual fue elegido hace cuatro años, y aunque su administración fue traumática, sobrevivió a una destitución de la Procuraduría, que tuvo en crisis a la ciudad durante tres meses, y a una revocatoria del mandato que, pese a cumplir con los requisitos constitucionales, la Registraduría nunca convocó.

Pero a partir del primero de enero de 2016, día en que entregue la administración de Bogotá al nuevo alcalde, Enrique Peñalosa, Petro dejará de ser funcionario público, pero no por ello desaparecerá de la política nacional. Por el contrario, seguirá siendo uno de los protagonistas estelares.

Ese día, según sus cercanos y simpatizantes, comenzará a trabajar en una campaña que lo lleve a la presidencia de la República. Muchos de sus fieles insisten que el proyecto de la Bogotá Humana será replicado en todo el país.

Mientras tanto, muchos se preguntan cómo será Petro como exalcalde. Hay quienes no dudan en predecir que será el principal opositor de la administración de Peñalosa, incluso se advierte que será tan crítico con su sucesor como el expresidente Álvaro Uribe ha sido del gobierno de Juan Manuel Santos.  

Antes de dejar su cargo, Petro ha dedicado sus últimas días a cuestionar el modelo Peñalosa, incluso hace unas semanas promovió una marcha para exigir la construcción del Metro, subterráneo, como lo establecen los estudios que su administración contrató, pero que parece no van a ser utilizados.

Pero más allá de estos posibles escenarios, hay un interrogante, aún no esclarecido, frente a lo que será el futuro político del alcalde saliente. Está relacionado, precisamente, con la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría.

Este capítulo se remonta a diciembre del 2012, cuando la administración implementó un nuevo modelo de recolección en el que vinculó a los recicladores con la empresa pública Aguas Capital, que no tenía experiencia en ese ámbito, y por el uso de volquetas en lugar de camiones compactadores. La situación generó un caos ambiental en la ciudad y por esa decisión la Procuraduría decidió investigarlo.

Casi un año después lo halló responsable por faltas disciplinarias calificadas de “gravísimas”, y en diciembre del 2013 el procurador general Alejandro Ordóñez ordenó la destitución de Petro de la Alcaldía, y le impuso una inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos, incluidos los de elección popular.

Todos los ciudadanos recuerdan la incertidumbre que generó ese fallo, pues entre enero y mayo del 2014 Petro ocupó su agenda para defenderse, y la ciudad tuvo hasta tres alcaldes, uno por espacio de 24 horas.

Ante el fallo de la Procuraduría, Petro optó por defenderse de dos maneras. Movilizando “indignados” y pronunciando discursos desde el balcón de la Alcaldía, y acudiendo a las instancias judiciales. Promovió una tutelatón contra el fallo disciplinario, pero también acudió a la justicia internacional reclamando medidas cautelares que lo mantuvieran en su cargo.

Eso lo consiguió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En pleno, los magistrados tutelaron a su favor los derechos políticos, y le ordenaron al Estado colombiano restituirlo en el cargo.

En las medidas cautelares, la CIDH pidió al gobierno colombiano “suspender inmediatamente los efectos de la decisión” de la Procuraduría, “a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos” de Gustavo Petro “y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como Alcalde”, hasta que la propia CIDH se pronuncie de fondo. Lo particular del caso es que Petro se basó en el caso de un político de derecha, el venezolano Leopoldo López, para reclamar estas medidas cautelares.    

Esta medida fue ratificada por un juez de restitución de tierras en Colombia, la cual permitió la restitución de Petro en la Alcaldía. Desde entonces este capítulo parecía cerrado.

Como la providencia de la CIDH ordenó medidas cautelares sobre la permanencia de Petro en la Alcaldía, hay quienes consideran que no cobijan la inhabilidad impuesta de 15 años. Sin embargo como la Comisión también tuteló sus derechos a “elegir y ser elegido”, Petro y sus abogados consideran que le permite aspirar a la presidencia, sin nada que lo inhabilite.

Sin embargo, a pocos días de que Petro culmine su periodo apareció un elemento adicional que podría traerle nuevos dolores de cabeza, pero ahora como exalcalde.

La semana pasada la Corte Constitucional expidió un auto en el que reiteró el plazo de seis meses al nuevo alcalde para desmontar el esquema de recolección de basuras de Petro. Aunque el saliente alcalde interpretó esa decisión como un reconocimiento al modelo de basuras que implementó la ciudad, otra interpretación hizo la Procuraduría.

“El Auto 587 del 15 de diciembre de 2015 de la Corte Constitucional que ordena el cambio del esquema de aseo daría la razón a la Procuraduría en cuanto a que con la actuación del alcalde Gustavo Petro se afectó la libre competencia en el servicio de aseo en Bogotá”, dice un comunicado del ministerio público.

En efecto, la Procuraduría anunció que no solo estará vigilante del cumplimiento de esta instrucción, sino que utilizará el auto de la Corte Constitucional para insistir en la sanción que se le impuso a Petro.

Para la Procuraduría esta nueva decisión se convierte en una evidencia para reafirmar las irregularidades provocadas por Petro, y para pedirle al Consejo de Estado que la tenga en cuenta a la hora de definir sobre la sanción disciplinaria que se le impuso en 2013. El Consejo de Estado, aunque ratificó las medidas cautelares para que Petro fuerza restituido, aún analiza el recurso de nulidad presentado por el saliente alcalde, que busca dejar sin efectos la sanción disciplinaria, para poder seguir vigente en la actividad política.

Todo apunta a que el primero de enero, cuando Petro abandone la Alcaldía Mayor, se abrirá un nuevo capítulo. Sus seguidores lo animarán para que busca la presidencia en el 2018, mientras que la Procuraduría insistirá en que debe estar inhabilitado por 15 años. Es decir, el fantasma que lo atormentó en la alcaldía, el de las basuras, lo puede seguir asustando, ahora como exalcalde.  

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