Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/07/13 18:28

Procuraduría asume caso por millonario hallazgo en carro del Congreso

El organismo de control asumió el poder preferente de la investigación disciplinaria que ya se adelanta contra la jefe financiera del Senado, Magdalena Morera.

Magdalena Morera y su hijo Luis Javier Rojas. Foto: Archivo SEMANA

Parte de la investigación disciplinaria que se adelanta por el hallazgo de 614 millones de pesos en efectivo en un vehículo del Congreso y a la jefe del departamento financiero y de presupuesto del Senado, Margarita Morera, pasará a manos de la Procuraduría Distrital de Bogotá.

Todo gracias a la decisión del Ministerio Público de asumir el poder preferente de ese proceso. Eso implica que la investigación que ya había abierto la Oficina Jurídica o de Control Interno seguirá siendo adelantada por el organismo de control.

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Morera, fue suspendida de su cargo. Es la madre del joven Luis Javier Rojas quien fue detenido en una operación conjunta del Ejército, la Fiscalía y la DEA el 5 de abril del 2016 con aproximadamente 613 millones de pesos en efectivo, que presuntamente pertenecían al ‘Clan Úsuga’ y que transportaba en un vehículo oficial, un Toyota Camry.

Desde entonces, el escándalo empezó a ser tema de debate en todos los medios de comunicación. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, no tuvo otra alternativa que anunciar el inicio inmediato de una investigación interna que derivó en la suspensión de la funcionaria.

Días después, al ser interrogado por los periodistas sobre este particular, el procurador Alejandro Ordóñez advirtió que, de ponerse en evidencia falta de transparencia en las actuaciones disciplinarias que adelantara el Congreso, podría dar lugar a la intervención directa del organismo de control.

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Ahora que Morera logró reincorporarse a su cargo por la terminación de los plazos de la suspensión provisional, la Procuraduría ha decidido aplicar la intervención directa de la que habló el jefe de la entidad hace tres meses.

Aunque aún se desconoce si los temores de Ordóñez se convirtieron en realidad, lo cierto es que la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda autorizó a la Procuraduría Distrital de Bogotá para seguir adelantando la actuación disciplinaria que estaba a cargo del propio Congreso.

Cabe precisar que aun cuando se trata de un asunto que corresponde investigar a las oficinas de control interno de las entidades, la Constitución y la ley permiten que la Procuraduría haga uso del poder preferente, para asumir la competencia en cualquier momento.

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