Procuraduría, tras los pecados de los contratos de la Cámara

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a dos exdirectores administrativos de la Cámara de Representantes por probables excesos en la contratación de planes de capacitación para congresistas en aspectos artísticos y diversas áreas del derecho entre los convenios probablemente marcados por irregularidades para el desarrollo de diferentes tareas logísticas en esa corporación.

El caso compromete a María Carolina Carrillo, actual aspirante a repetir en ese mismo cargo, y Jairo Jaramillo Matiz, destituido e inhabilitado por la celebración de contratos con empresas mixtas, para la posterior celebración de convenios outsourcing que, según el Ministerio Público, no estaban permitidos por las reglas de la contratación en el Estado.

En septiembre del 2012 la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República recibió denuncias sobre el probable manejo irresponsable de algunos procesos de contratación. Aparentemente, se habían autorizado inversiones excesivas e innecesarias y se habían desconocido algunos parámetros legales para su desarrollo.

Según la queja conocida por ese organismo, en al menos 655 contratos que se estaban ejecutando o celebrando entre los años 2010 y 2011 existían fallas. La entidad no se explicaba por qué, por ejemplo, se había autorizado ofrecer una capacitación en música religiosa para el personal que le costaba a esa célula legislativa 400.000 pesos por hora.

En otros proyectos encaminados a formar a los congresistas en derecho disciplinario, liderazgo y derechos humanos se acordaron pagos de entre 260.000 y un millón de pesos la hora. Según esa oficina del Ejecutivo, esos valores no concuerdan con los honorarios que reciben algunos de los mejor formados catedráticos de las universidades más prestigiosas del país, que pagan a sus maestros entre 25.000 y 100.000 pesos cada hora.

Según la información recibida alrededor de las gestiones de la Dirección Administrativa de entonces en la Cámara, el contrato de telefonía celebrado por el Congreso y la ETB por 47.000 millones de pesos tampoco estaba libre de sospechas.

El convenio, que comprendía el suministro de servicios de telecomunicación entre el 2008 y el 2015, habría estado plagado de condiciones desventajosas para el órgano legislativo, pues, a pesar de lo cuantioso, la entidad estaría obligada a seguir pagando el alquiler de muchos elementos técnicos, como cableado y demás.

La entidad tampoco encontraba suficientemente justificada la contratación directa de una empresa dedicada a labores de documentación y archivo, pues el valor del convenio superaba los 2.600 millones de pesos, pese a que la Cámara la justificaba aduciendo que era de ciencia y tecnología.

Entre las actuaciones que siembran dudas por parte de esa dirección administrativa se cuenta un contrato de 2.800 millones de pesos entregado por licitación a una empresa que se encargaría del mantenimiento de las instalaciones en el Capitolio y edificios aledaños.

El convenio de 12 meses de duración, que comprometía al menos 1,65 millones de pesos de la Cámara, en su momento, había sido objeto de una orden de suspensión provisional, por supuestos sobrecostos en la compa de bombillos y en labores de impermeabilización de algunas estructuras.

Desde hace cuatro años la Secretaría de Transparencia trató de alertar a la Procuraduría sobre los probables excesos y equívocos que se venían cometiendo, a través de un oficio dirigido a ese organismo de control el 28 de septiembre del 2012.

La extensa queja dio sus primeros resultados después de un cuatrienio. Todo gracias a un auto en el cual el Ministerio Público informa de la apertura de la investigación a Carolina Carrillo y Jairo Matiz, quienes fueron responsables de los contratos ejecutados en la época en la que tuvieron lugar estas actuaciones.

Aun cuando la Procuraduría no ha concluido aún que las irregularidades se hayan presentado y menos si los exfuncionarios son responsables, pidió copia de toda la documentación relativa a esos pactos contractuales para verificar si se acogieron a las reglas legales sobre la materia.