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Las mujeres de la Procuraduría
Catorce funcionarias componen la cúpula del Ministerio Público. Junto con su jefe, Fernando Carrillo, tienen la dura tarea de darle una nueva cara a la entidad y adelantar procesos disciplinarios en medio de una altísima percepción de corrupción en el país.
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Cuando el Senado eligió como procurador a Fernando Carrillo con 92 de 95 votos, la vara para medir su gestión quedó alta. Después de una controvertida gestión, su antecesor, Alejandro Ordóñez, fal ser declarada nula su reeleccion por el Consejo de Estado por tráfico de influencias, y amplios sectores del poder le asignaron a Carrillo la tarea de recomponer la cara de la Procuraduría. Él también lo comunicó así desde el primer día de gestión, cuando tomó distancia y anunció que su entidad no sería “vocera de radicalismos ni instrumento de persecución política”.
Lo primero que hizo el procurador desde su despacho fue llamar a una firma cazatalentos. Decidió seleccionar a su número dos, el viceprocurador, y respaldarlo en la escogencia de un equipo de apoyo que terminó siendo mayoritariamente femenino. Hoy lo rodean 14 profesionales con trayectorias destacadas en el sector público y en el privado.
Durante la gestión de Ordóñez, las relaciones de la Procuraduría con las altas cortes fueron problemáticas. En particular con la Corte Constitucional por sus fallos en temas controvertidos como la legalización del aborto en casos puntuales y la defensa de derechos de la población LGTBI. Carrillo, de formación y espíritu liberal, le dio a Laura Ospina, procuradora auxiliar para Asuntos Constitucionales, y a Paula Andrea Ramírez, procuradora delegada III para la Casación Penal en la Corte Suprema, la tarea de mejorar las relaciones con los altos tribunales. Ospina tiene una amplia formación en derecho constitucional y trabajó varios años como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, y Ramírez fue durante seis años procuradora delegada para Asuntos Penales.
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En el ámbito penal, las tres funcionarias que quedaron al mando de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia y Policía Judicial, de la Procuraduría Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal, y de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales han ocupado puestos destacados como la dirección del CTI, la Personería Delegada para el Área Penal en Medellín y el Consulado de Valencia, España, respectivamente. Carmen Maritza González, Gloria Elena Blandón y Bertha Patricia Alemán tienen en sus manos temas delicados como los escándalos de las seccionales de la Fiscalía en la costa, el manejo de la institucionalidad penal con las cortes y la Fiscalía General, y la presencia de la Procuraduría en organismos internacionales.
Ahora que el escándalo de Odebrecht encendió todas las alarmas de los organismos de control y disparó la percepción de corrupción en el país, sobre los hombros de González queda la responsabilidad de avanzar procesos disciplinarios en el ente acusador, y sobre los de Blandón y Alemán mejorar la articulación de la Procuraduría con instancias judiciales y otros organismos internacionales.
A la cabeza de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, y de la Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, el procurador nombró a Myriam Méndez y Adriana Sanclemente, respectivamente. La primera, que viene de dirigir la Fundación Ford para el Área Andina y de trabajar con el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, está enfocada en hacer cumplir las políticas públicas a nivel territorial. Y la segunda, con una amplia trayectoria jurídica, deberá defender los bienes de interés cultural y de uso público.
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Pero sin duda unas de las mayores responsabilidades quedaron en manos de Elena Ambrosi, procuradora delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas, y de Sonia Patricia Téllez, delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. La primera, experta en derechos humanos, dirigió esa área en el Ministerio de Defensa, hizo parte de la delegación del gobierno durante las conversaciones en La Habana, y luego pasó a ser la directora temática de su oficina. Téllez, con una larga carrera en la Corte Constitucional, se ha desempeñado en el área de la violencia contra los menores de edad. Estas dos mujeres representarán a la Procuraduría en dos de los temas más estratégicos en la coyuntura actual: la aplicación de los acuerdos de paz con las Farc y la defensa los derechos de niños, niñas y adolescentes en un país en que los escándalos de abuso contra esta población son pan de cada día.
No es la primera vez que Carrillo se rodea de mujeres en sus cargos, pero más allá de una decisión de género la suya se debe a criterios meritocráticos. “Las mujeres de mi equipo tienen sentido de compromiso con el trabajo y empeño por sacar las cosas adelante, y más en una institución como esta que requiere replantear toda su misión frente a los desafíos del futuro de Colombia”, le dijo a SEMANA. Precisamente, desde que el jefe del Ministerio Público regresó a Colombia, luego de ser representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Brasil, su agenda depende de Constanza Quiroga, su asistente personal. Ella ha sido su mano derecha en la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio del Interior, la embajada colombiana en España y actualmente en la Procuraduría.
Encargadas del control interno y la gestión humana, administrativa y financiera están Clemencia Yepes y María Isabel Posada, como jefa de la Oficina de Control Interno y secretaria general, respectivamente. Y como jefa de Planeación está Consuelo Ordóñez, experta en planeación y temas ambientales, quien tiene como objetivo impulsar en la Procuraduría una eficiente rendición de cuentas. Finalmente, para que todo esto sea conocido por la ciudadanía, la experimentada periodista Sonia Rodríguez, quien ocupó importantes cargos en Caracol Radio, Colprensa, La W, CM&, NTN24, RCN Televisión y RCN Radio, lidera la jefatura de prensa y tiene la tarea de visibilizar las transformaciones que el procurador Carrillo ha avanzado en sus primeros 100 días en el cargo.
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La idea es darle un nuevo aire a una entidad clave para este momento del país, y que de la mano de la Contraloría y la Fiscalía el Estado pueda demostrar mayores resultados en la lucha contra la corrupción. Rodeado de mujeres desde su infancia y hoy padre de dos niñas, Carrillo sabe que las 14 funcionarias que hoy lo acompañan representan una apuesta por la inclusión de género en el Estado y confía en que ellas sacarán adelante la reingeniería de la Procuraduría.