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| 3/14/2013 12:00:00 AM

Procuraduría “no tiene posición político-religiosa”

El Ministerio Público dijo ante la CIDH que no vulnera los derechos sexuales de los colombianos.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la procuradora Delegada para la Familia, Ilva Miriam Hoyos, dijo que la Procuraduría “no ha fijado posiciones de ningún tipo” y negó que esa institución “tenga una posición político-religiosa”.

Las afirmaciones fueron hechas ante las acusaciones de entidades no gubernamentales según las cuales la Procuraduría “persigue” a los defensores de los derechos sexuales y reproductivos.

Hoyos compareció este jueves ante la CIDH luego de que un grupo de organizaciones no gubernamentales solicitaran audiencia para denunciar los presuntos actos de hostigamiento de la Procuraduría contra defensores de los derechos sexuales y reproductivos colombianos.

La funcionaria sostuvo que todas las acciones tomadas por la Procuraduría han estado “enmarcadas en el ámbito de su competencia” y han sido “objeto de revisión por parte de las cortes”.

Ariadna Tovar, abogada de Women Link Worldwide, una de las organizaciones denunciantes, dijo que la Procuraduría no solo carece de imparcialidad, sino que “abusa de su poder” para perseguir a los defensores de los derechos sexuales y reproductivos.

En la audiencia se trataron casos como el Daniel Sastoque, exfuncionario de la Procuraduría que renunció a la entidad, según él, por recibir burlas y hostigamientos homofóbicos por su orientación homosexual.

También se habló de la demanda penal que interpuso Hoyos contra Mónica Roa, una activista que interpuso una acción de tutela por considerar que la Procuraduría había vulnerado el derecho a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Hoyos dijo que la demanda fue a título personal porque se sintió injuriada por Roa.

La audiencia forma parte del 147 período de sesiones ordinarias de la CIDH y fue solicitada desde el 2012 por Daniel Sastoque, Women's Link World Wide y otras entidades con sede en Colombia.

La Procuraduría, durante la gestión de Alejandro Ordóñez, se ha caracterizado por sus posiciones conservadoras, como el rechazo al aborto y a los derechos de las comunidades no heterosexuales o LGBT.
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