Procuraduría exige saber qué se ha hecho para proteger a niñez wayúu

Hace un mes y medio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso medidas cautelares al Estado colombiano, con la intención de detener la ola de muertes de niños por desnutrición. Sin embargo, la gestión de las instituciones no parece haber sido todo lo efectivo que se requería, pues cada día el país se despierta con la noticia de otro deceso de un niño wayúu como efecto de esa misma problemática.

Por eso, la Procuraduría solicitó información sobre las gestiones de las autoridades, a fin de verificar si han tomado cartas en el asunto y sus acciones han sido realmente adecuadas para superar la grave emergencia.

El 17 de diciembre del 2015 la CIDH se vio obligada a instar al Estado colombiano a tomar medidas urgentes de protección para los niños de La Guajira. Ante las imágenes desgarradores de medios de comunicación y denuncias de la población sobre el abandono a la población infantil, la decisión parecía su carta de salvación.No era para menos, si se tiene en cuenta que, mientras los pequeños morían de hambre, personas inescrupulosas se robaban los recursos de los programas diseñados para atender a la niñez guajira.

Al parecer, el llamado de atención del organismo multilateral no fue suficiente para las entidades. Con el paso de los días las soluciones parecen lejanas. Tanto así, que en los últimos días se conocieron nuevos casos de niños que murieron de hambre y otros tantos que han venido padeciendo enfermedades asociadas a la malnutrición.

Para la Procuraduría, es inadmisible que estos episodios se sigan repitiendo. Por eso, hizo un llamado urgente los entes encargados de asumir las tareas relacionadas con la protección de los derechos de los niños.

“(…) Es lamentable e inaceptable conocer cada semana la noticia de la muerte de más niños afectados por desnutrición, así se den explicaciones oficiales sobre las causas de los fallecimientos que tratan de minimizar la grave crisis que enfrenta esa población por la falta de alimento y acceso al agua potable”, dijo.

Además, empezó a adelantar un trabajo de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares que impuso la CIDH. De ahí que requiriera a las instituciones para que alleguen a ese organismo la información relacionada con las acciones que han emprendido, a partir de la decisión.

Según la delegada de Infancia y Adolescencia del Ministerio Público, autoridades de comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao deben señalar qué medidas han impartido para solucionar problemas de acceso a servicios públicos, especialmente agua potable; alimentación y salud de niños de la comunidad wayúu.

La información y el análisis de los resultados que haga la Procuraduría serán puestos a consideración de los organismos de control fiscal y autoridades disciplinarias y penale,s para que estas tomen las medidas a las que haya lugar en caso de omisiones o excesos.